El Ayuntamiento de La Oliva ha aprobado de forma inicial su primer presupuesto del mandato: 29,9 millones de ingresos y 19,8 millones de gastos. El grupo de gobierno encabezado por Isaí Blanco lleva siete meses al frente del Consistorio y ha destacado que supone una planificación económica “histórica” por su volumen de inversiones. Pero el informe del interventor levanta la alfombra de una gestión, heredada de anteriores mandatos y que todavía no se ha corregido, que lastra las arcas municipales.

El informe del interventor a las cuentas pone de manifiesto que la gestión del Ayuntamiento está generando un perjuicio notable para las arcas del Consistorio. Asimismo, insiste en la necesidad de sacar a licitación diversos servicios de suministros como el de electricidad, telefonía o combustible. El presupuesto, que está ahora en periodo de información pública, presenta un superávit de 10 millones. Eso sí, el Ayuntamiento tiene pendiente contabilizar y abonar la deuda con la empresa Canaragua, que supera los nueve millones de euros.

Precisamente, el informe de Intervención hace hincapié en el servicio de alcantarillado, que se presta actualmente por la empresa Canaragua pero sin contrato, lo que el funcionario tacha de “especial gravedad” dado el “elevado” importe de las facturas.

En este punto, el informe hace referencia al contencioso que se sostiene con dicha empresa por facturas de años anteriores y que podrían suponer para la Corporación el pago de más de diez millones de euros a tenor de la indemnización que debe abonarle tras la sentencia judicial por la cancelación del contrato del servicio de saneamiento.

También los servicios de telefonía y energía eléctrica se han visto sometidos al reparo del interventor, quien ya ha informado de la necesidad de que haya un control sobre los mismos, “lo cual a día de hoy es inexistente”. Además, explica que estos pagos no deberían estar domiciliados y en el caso de la electricidad observa una partida de más de un millón de euros, “la cual es elevadísima y hay margen para poder reducirla mediante la licitación”.

De igual forma, en su informe el interventor considera necesaria la licitación de los servicios de iluminación y sonido, con un importe por encima del permitido para contrato menor. También considera preciso licitar el servicio de socorrismo con personal insuficiente en sus plantillas. Otro de los servicios que cree que debe licitarse es el de combustible. Por otro lado, advierte de que “la Corporación podría verse obligada al abono de una indemnización por sentencia relativa a la ocupación de unos terrenos”.

Subvenciones en entredicho

En el apartado de transferencias y subvenciones, el informe hace mención a las subvenciones a las asociaciones encargadas de la dinamización de los centros socioculturales y a organizaciones deportivas del municipio.

Sobre ellas señala que a pesar de ser previsiones “correctas y conformes”, en cambio “no se cumple con la normativa patrimonial administrativa, no en lo que se refiere a la subvención sino en lo que es la selección o adjudicación” a esos colectivos “y no otras asociaciones para la gestión o dinamización” de dependencias municipales, “ya sea a modo de concesión o autorización”.

Así, explica que “de conformidad con la normativa vigente, todas aquellas subvenciones que no figuren nominativamente en el presupuesto, requieren la previa aprobación de unas bases para su convocatoria y someterse a preceptiva publicidad”.

Una veintena de reparos

Desde su llegada en abril de 2017, el interventor ha presentado más de una veintena de reparos relativos a  las facturas de suministro eléctrico, de telefonía y combustible, dado que superan los cargos para un contrato menor por lo que insta a sacar a concurso estos servicios “para su correcto funcionamiento y gestión”.

También han sido motivo de reparo por parte del interventor las facturas de distintas asociaciones deportivas en concepto de prestación de servicios de escuelas municipales de deportes, que “superan los importes del contrato menor”, como los más de 7.400 euros a la asociación Toscones, los 10.578 euros para el Club Balonmano Caima-Villaverde, los más de 9.000 del club deportivo Al Máximo o los 5.174 euros de Onexe.

Para subsanar estas deficiencias, el interventor recomienda que en la nueva temporada se proceda a la gestión de dichas aportaciones municipales “mediante el otorgamiento de subvenciones a través de la correspondiente línea convocada para escuelas municipales para cada temporada”.

Servicio de recaudación

En lo que se refiere al servicio de recaudación, el interventor alude a “los litigios respecto de los premios de cobranza que la empresa adjudicataria entiende que debe cobrar de acuerdo con lo previsto en el contrato”, que califica de “absolutamente perjudicial y leonino” para los intereses municipales.

Asimismo, recuerda la insuficiencia de personal en esta área e insta al equipo de gobierno a poner en marcha los mecanismos oportunos para que, ante la finalización de este contrato a finales de 2018, dote al servicio del personal cualificado necesario o bien cubra la asistencia al mismo “correctamente”. Así, señala que “se trata de un departamento de vital importancia para el funcionamiento del Ayuntamiento y su dotación de personal hace ver que dicha importancia ha sido pasada por alto en años anteriores”.