El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de Las Palmas ha realizado unas jornadas de inspección y vigilancia entre los días 11 y 13 de junio en la isla de Fuerteventura, denunciando 14 infracciones administrativas en 13 centros de la isla dedicados principalmente a la enseñanza de actividades deportivas-recreativas subacuáticas así como excursiones con inmersión alquileres de equipos y carga de equipos autónomos, en los municipios de Pájara, Antigua y Tuineje.

Además realizó dos inspecciones en puntos de inmersión en el muelle de la localidad de Morro Jable, denunciando un total de 14 infracciones administrativas, siendo las más comunes las de no poseer de la preceptiva autorización de la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias para la realización de enseñanzas deportivas recreativas, no disponer del preceptivo plan de evacuación (en caso de una emergencia o accidente realizando buceo), utilizar botellas para la oxigenoterapia con oxígeno industrial en vez de medicinal, usar compresores para la carga de las botellas de buceo sin estar registrados en Industria, careciendo de proyecto de instalación y el certificado OCA (organismo certificado autorizado) que regula su uso.

El Instituto Armado recuerda que el plan de evacuación y emergencias es obligatorio, y garantiza la adecuada prestación de los primeros auxilios, y en su caso, el traslado de cualquier usuario a un centro hospitalario o asistencial. Además este plan ha de regular, en todo caso, la disponibilidad de una cámara de descompresión (cámara hiperbárica) ubicada a una distancia que permita el traslado en un tiempo máximo de dos horas desde el punto de inmersión, así como un botiquín de primeros auxilios y un equipo de suministro de oxigeno normobárico.

También han sido denuncias tres infracciones  por carecer de contrato con cámara hiperbárica, y se ha precintado un centro de carga de botellas de un club de buceo al presentar diversas irregularidades, como tener un citado centro de recarga de botellas (compresor) funcionando sin comunicar su actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma y sin certificado de inspección del centro de recarga emitido por un organismo de control (OCA) cuando haya sido establecido por el citado  organismo competente.

Sanciones

Las denuncias de este tipo serían tramitadas, de acuerdo a su tipificación y clase, por las administraciones públicas citadas y por lo general acarrean multas económicas que pueden conllevar sanciones de hasta 3.000 euros las infracciones leves. Asimismo, la Guardia Civil advierte de que los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán ordenar la paralización de un equipo o instalación.