Cuatro de cada diez contratos supervisados en la campaña especial de inspección contra el trabajo no declarado eran irregulares, han aflorado 475 empleos sumergidos y se han levantado 221 actas de infracción con una propuesta de sanción global por 745.000 euros.

Son parte de los datos que enumeró este miércoles la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Máñez, en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de la diputada del grupo Nacionalista Canario Cristina Valido sobre la campaña de lucha contra el fraude en materia de empleo irregular y a la Seguridad Social.

La campaña se desarrolló entre el 4 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 y se realizaron 1.300 visitas de inspección, que arrojaron 3.593 actuaciones de las que se ha beneficiado a 3.000 trabajadores, explicó Elena Máñez.

Se han detectado irregularidades en 1.740 contratos, el 45 por ciento de los inspeccionados, entre ellos, 182 casos de trabajadores que desempeñaban su labor sin ningún tipo de contratación.

Como consecuencia de la campaña 2.600 contratos temporales se han transformado en indefinidos y se ha identificado a 163 empleados sin alta en la Seguridad Social, que eran extranjeros sin permiso de trabajo, mientras que otros doce empleados incurrían en infracción al percibir al mismo tiempo una prestación por desempleo.

Asimismo se han efectuado 868 requerimientos a las empresas visitadas por irregularidades en materia laboral o de la Seguridad Social.

La economía sumergida es un problema estructural en Canarias que como consecuencia de la crisis del coronavirus puede acentuarse ahora en actividades como la de las personas que trabajan en el ámbito del hogar, y que pueden verse sin ningún tipo de amparo, advirtió la consejera.

Al respecto, la diputada Cristina Valido se refirió además al malestar expresado por colectivos como las camareras de piso, que tienen ahora peores condiciones al ser más importante la limpieza y desinfección en las habitaciones de hotel y por tanto, se ha aumentado su carga laboral.