La Justicia ha puesto el foco en dos decisiones relacionadas con la gestión del agua en la isla de Fuerteventura que, para el Tribunal de Cuentas, reúnen “indicios de la comisión del delito de prevaricación”.

Se trata, por un lado, de la contratación de forma “verbal”, por parte del Ayuntamiento de Pájara, de unas obras de enganche de una urbanización a la red de abastecimiento por más de 208.000 euros.

Por otro lado, se investiga la omisión del Consejo Insular de Aguas, que “no tramitó expediente sancionador alguno” contra el hotel Meliá Gorriones, que tenía una planta desaladora sin autorización.

Ambos casos se tramitan en Juzgados de instrucción de Puerto del Rosario y se encuentran en fase de diligencias previas, pendientes de que se culmine la investigación, según indicaron las fuentes consultadas.

El primero de los casos, la contratación presuntamente irregular de obras, se remonta al año 2010. El Ayuntamiento precintó las redes de abastecimiento que provenían de la planta de la empresa Aguas Cristóbal Fránquiz en las inmediaciones de la urbanización Las Gaviotas. El objetivo era que dejase de suministrar agua a la urbanización SUP-5 ‘Playas del Jable’.

El fiscal Tomás Fernández señala en su denuncia que el entonces concejal de Obras Públicas, Blas Acosta, con la “aquiescencia” del alcalde, Rafael Perdomo, acordó la ejecución de obras para conectar la citada urbanización, que no estaba recepcionada por el Ayuntamiento, con las redes municipales de abastecimiento.

Para ello, se contrató a la empresa Canaragua por medio de un “encargo verbal”. El pleno del Ayuntamiento, con la abstención de dos concejales, acordó pagar 208.213 euros a Canaragua, que obtuvo un beneficio de al menos 10.082 euros, lo que “implicó la admisión del destino irregular de fondos públicos”, señala la Fiscalía.

La contratación por encargo verbal “es nula”, según destaca el Ministerio Fiscal, que recalca “la ausencia completa del procedimiento legalmente establecido”. El fiscal aprecia indiciariamente “al menos” dos delitos de prevaricación, por parte de Acosta y Perdomo, y por los concejales que aprobaron el pago, y un delito de malversación de caudales públicos.

El otro caso que se está investigando por la Justicia está relacionado con la omisión del Consejo Insular de Aguas, que en 2007, en aquel momento presidido por Mario Cabrera, legalizó la explotación de la planta desaladora del hotel Meliá Gorriones pero “no tramitó expediente sancionador alguno, sin razón justificada para ello”.

La Fiscalía subraya que el Consejo debía aplicar sus funciones de “policía de las obras hidráulicas y sancionadoras” ante el “conocimiento de la situación irregular” durante años. El Ministerio Fiscal considera que se podría haber cometido un delito de prevaricación por omisión.