La principal obra prevista para 2018 en Fuerteventura está, por el momento, bloqueada. La nueva autovía entre Puerto del Rosario y el enlace al tramo que discurre entre La Caldereta y Corralejo es, con diferencia, la principal inversión prevista para Fuerteventura en el presupuesto del Gobierno de Canarias del próximo año.

El 20 de diciembre se concluye en el Parlamento el debate sobre las cuentas autonómicas y, con seguridad, serán aprobadas con el voto favorable de CC, PP y ASG. Sin embargo, a escasas fechas de que entre en vigor el nuevo presupuesto y arranque el nuevo año, la ejecución de la nueva autovía está envuelta en dudas. Por el momento carece de una declaración de impacto ambiental favorable, lo que bloquea que pueda salir a licitación y que comiencen las obras.

Así lo reconoce la Consejería de Obras Públicas y Transportes en una comunicación oficial al Parlamento en relación a la autovía, que forma parte del ‘Eje Norte Sur’ de carreteras de Fuerteventura. La Consejería ha contratado los servicios de redacción del proyecto de trazado y construcción de la autovía entre La Caldereta y Puerto del Rosario, pero “en la actualidad se encuentran suspendidos en espera de la emisión de la Declaración de impacto correspondiente”.

Sin el visto bueno medioambiental, las obras no pueden salir a concurso. A pesar de la falta de plazos concretos, el director general de Infraestructura Viaria, Manuel Agoney Piñero, señala que se espera poder licitar la ejecución de las obras “en el primer cuatrimestre del próximo año”.

Para el diputado socialista Iñaki Lavandera, que hizo la consulta oficial a Obras Públicas a través del cauce parlamentario, la respuesta del Gobierno “confirma” su “sospecha” de que el proyecto de autovía, cuya asignación presupuestaria multiplica por tres al siguiente proyecto más relevante en las cuentas para Fuerteventura, no estaba listo. Es más, pone en tela de juicio que pueda salir a licitación en 2018.

“Es mentira que se vayan a sacar a concurso las obras en el primer cuatrimestre del próximo año y, por el plazo de nueve meses que se maneja en la Consejería de Obras Públicas para licitar y adjudicar un proyecto, en 2018 no se va a gastar ni un euro de los 16,7 millones presupuestados”, augura el parlamentario majorero.

Trazado para la polémica

Sobre el trazado de la nueva autovía y las diferentes alternativas que se han puesto sobre la mesa no ha existido prácticamente debate público. En el proyecto básico se barajaron cuatro alternativas. La primera, no ejecutar la autovía y dejar a la carretera FV-1 en ese tramo entre Puerto del Rosario y La Caldereta fue desechada de raíz porque “supondría el colapso de esta vía, cuya limitada funcionalidad actual empeoraría al aumentar el tráfico”, según el estudio de Obras Públicas.

Sin el visto bueno medioambiental, las obras que tienen un presupuesto global que ronda los 100 millones de euros, no pueden salir a concurso

El desdoblamiento de la FV-1 y su conversión en autovía, según el análisis que llevó a cabo la Consejería, tendría el menor impacto visual entre todas las opciones barajadas, por su menor “invasión territorial” y la “apertura de nuevas cicatrices paisajísticas”. Sin embargo, en la ponderación efectuada por el Gobierno se destacaba una “presión” mayor a los vecinos “por las perturbaciones” durante los trabajos y “afecciones directas sobre la calidad ambiental” de los entornos urbanos, como el de Puerto Lajas, por la cercanía de una vía rápida.

En opinión del Gobierno de Canarias, de llevarse a cabo una reconversión de la actual carretera en autovía se produciría un “efecto barrera sobre la población”. “La presencia de la vía supone una barrera física y psicológica a los desplazamientos en dirección transversal a la misma”, lo que “puede provocar el aislamiento de barrios y urbanizaciones” respecto de establecimientos comerciales, zonas de equipamientos o lugares de ocio.

La opción del desdoblamiento supondría que la autovía tendría una longitud de 17,9 kilómetros, mientras que el resto de alternativas, con trazados hacia el interior de la Isla, supondrían recorrer menos distancia. Así, el trazado por el que se inclina Obras Públicas reduciría la longitud de la autovía a 15,6 kilómetros.

Eso sí, la alternativa por la que apuesta el Gobierno tendría un impacto sobre el territorio: habría que desmontar 748.749 metros cúbicos. El presupuesto que se estima para la ejecución global de las obras alcanza los 89 millones de euros, que sumados los gastos y beneficios de las constructoras, harían que se elevase a 106 millones de euros.