El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligará a los territorios insulares y a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer, no más tarde de 2023, zonas de bajas emisiones, y a promover medidas de movilidad eléctrica compartida.

Según su nuevo borrador, la ley impedirá que las zonas urbanas declaradas bajas en emisiones puedan revertirse, porque "cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes".

Además, la norma ampliará las entidades que deben evaluar el riesgo climático al que está sometida su actividad.

El texto del anteproyecto de ley ha sido presentado este lunes por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), dentro de los trámites previos a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

El borrador, que previamente ha sido sometido a información pública para incorporar alegaciones y que será visto también por la Conferencia Sectorial y el Consejo de Estado, fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección ambiental.

Según la ministra, las zonas de bajas emisiones en las ciudades son "fundamentales" por razón de salud pública, ruido, y otras, y por ello, desde el Gobierno se ha optado por "endurecer" las disposiciones, a la vista de los comentarios de la consulta pública.

Ribera ha ratificado su compromiso de llevar al Parlamento la Ley de Cambio Climático tras haber anunciado en su primera intervención al frente del nuevo Gobierno que lo haría en sus primeros cien días de mandato.

"La fecha se prevé para mediados de marzo", ha precisado la ministra Ribera, quien ha señalado su interés por que este borrador llegue "cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento (del mismo) por parte de los grupos parlamentarios".

Ha añadido que otro de los grandes ejes de la nueva ley será "el mapa informativo de puntos de recarga de vehículos eléctricos".

Para favorecer la expansión de ese transporte el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.

El anteproyecto establece además la obligatoriedad de instalar al menos un punto de recarga rápida de 50 kW en aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina. Se trata del 9 por ciento del total de la red de gasolineras.

También, Ribera ha dicho que el Gobierno "se limitará a acompañar las decisiones del marco comunitario" y las limitaciones temporales de las directivas europeas sobre la venta de vehículos con motor de combustión que emitan gases de efecto invernadero.

La ministra se ha referido asimismo a una estrategia de economía circular, "un gran acicate" para la modernización de un sistema dirigido al desarrollo sostenible.

Ha señalado que este anteproyecto mantiene las dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El compromiso para 2030 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20 por ciento respecto a 1990; este objetivo es coherente con el aumento de ambición de la Comisión Europea, que pasaría del actual 40 por ciento a una horquilla entre el 50 y el 55 por ciento.

Con esto, "se sentarían unas bases sólidas para progresar hacia la neutralidad climática del país, y lograr emisiones netas cero, no más allá de 2050", ha explicado Teresa Ribera.

El anteproyecto fija también para 2030 generar el 70 por ciento de la electricidad con renovables y asegurar que al menos el 35 % del consumo final de energía provenga de esas fuentes de energía.

Se amplía el porcentaje de los presupuestos generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos climáticos y transición energética y la cantidad final será equivalente a la que se acuerde en la Unión Europea (UE), en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20 por ciento).

El nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH); cada dos años, estas entidades deberán elaborar un informe con una evaluación de riesgos y oportunidades asociados a un sistema descarbonizado sobre las actividades de la entidad, estrategia y planificación financiera.

Asimismo, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella, se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio.

Otra de las novedades del anteproyecto es el título dedicado a la gobernanza y fija que los planes, estrategias y disposiciones que se adopten contra el cambio climático deberán desarrollarse bajo la participación de agentes sociales, económicos y público en general.