El interés general de los vecinos es el motivo principal que ha llevado al Ayuntamiento de La Oliva a decidir no presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo en relación a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en favor de los seis vecinos propietarios de los terrenos en que actualmente se ubican el centro de salud y la estación de guaguas de Corralejo.

Esta sentencia, dictada el pasado 7 de noviembre de 2017, desestima el último recurso de los servicios jurídicos municipales y ratifica la indemnización a la que tienen derecho los mencionados vecinos, establecida en un montante de 10.417.119 euros.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ha explicado que "no tiene sentido alargar un caso que ya dura más 30 años. El proceso judicial ha dejado claro que el derecho de los vecinos a ser indemnizados es legítimo, y al parecer ni siquiera es seguro que el Tribunal Supremo admitiera el recurso". Tras estudiar la sentencia y solicitar asesoramiento, añadió, "acudir al Supremo podría incrementar todavía más los intereses de demora".

Por lo tanto, y llegados a este punto, valoró Isaí Blanco, "ha llegado el momento de hacer justicia y que los vecinos reciban su compensación. Es lo mejor para ellos y para sus familiares, y también para el resto de vecinos que podrían verse perjudicados si se incrementa la indemnización. Al fin y al cabo, el pago tiene que salir de los recursos económicos de todos".

El alcalde aclaró, no obstante, los aspectos positivos de la decisión. Por un lado, "los servicios municipales no se verán afectados, pues la situación estaba contemplada en los presupuestos de 2018 que aprobamos en diciembre. Se utilizarán los fondos del superávit para abonar la indemnización". Y, por otro, lado, "el centro de salud y la estación de guaguas pasarían a ser propiedades de titularidad de pleno derecho".

Antecedentes

El inicio de los hechos se remonta a 1986, momento en que la institución inició la construcción de la Avenida Juan Carlos I, suscribiendo dos años más tarde un convenio para compensar a los propietarios de los terrenos ocupados por la vía y para construir los mencionados edificios. Por diferentes causas, las cláusulas de este convenio en favor de los vecinos nunca se llegaron a materializar, lo que dio origen al litigio que ahora termina.

A lo largo de este proceso ha quedado acreditado el derecho que asiste a los propietarios de los terrenos a percibir, en primera instancia, las compensaciones establecidas en el convenio o, en su defecto, una retribución equivalente al valor de esas propiedades.

La cuantía final de la indemnización ha quedado establecida en 10.417.119 euros, cuando en fases anteriores del proceso judicial llegó a estar fijada en aproximadamente en 20 millones, 14 millones por el valor de las propiedades y el lucro cesante, y otros 6 millones en concepto de indemnización.