El Ayuntamiento de La Oliva solicita una pena de ocho años de prisión y quince de inhabilitación para el extesorero municipal, José Hilarión Cabrera, por el llamado caso 'caja fuerte'.

El Ayuntamiento ejerce la acusación particular en este caso y considera que Cabrera podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación.

También solicita que el acusado indemnice, en concepto de responsabilidad civil, al Ayuntamiento, si fuera condenado, con la cantidad de 619.469 euros más los intereses legales desde abril de 2017.

El Juzgado de instrucción número 1 de Puerto del Rosario decidió recientemente dar por finalizada la instrucción y transformar la causa en procedimiento abreviado con Cabrera como único acusado.

Hilarión Cabrera fue nombrado tesorero accidental del Ayuntamiento en julio de 1991 y ocupó ese cargo hasta mayo de 2017, excepto durante cortos periodos de tiempo.

El caso estalló con la llegada en el mes de marzo de 2017 del interventor Miguel Ángel Guerra, que cifró en más de 800.000 euros los que faltaban de la cuenta de caja del Ayuntamiento de La Oliva.

Se concretó esa cantidad tras comparar el dinero en efectivo que había en la caja fuerte municipal y el que debería de haber.

Para hacer el arqueo de caja, la alcaldía solicitó al tesorero la llave de la caja fuerte. El tesorero, sin entregarla, presentó una baja por enfermedad común. Finalmente, y ante la imposibilidad de localizarlo, se optó por ordenar a la Policía Local que abriera la caja a la fuerza.

Tras su apertura el interventor emitió un informe que consideraba que el alcance (la diferencia entre el dinero encontrado en caja y en las cuentas y el saldo contable) es de más de 800.000 euros. Hasta la llegada de ese interventor se seguían haciendo cobros en efectivo por parte del Ayuntamiento.

Después de ese informe se presentó otro informe aclaratorio del alcance porque constaba un alcance incorrecto de traspaso "y cuya existencia no tenía sentido alguno" entre las dos cuentas de caja existentes , según el informe.

Se considera, finalmente, que un saldo de casi 200.000 euros no reflejaba un saldo por entrada real de efectivo sino por la contabilización errónea de las datas de recaudación. Se recogían ingresos por duplicado, por lo que el alcance no sería de más de 800.000 euros sino de algo más de 600.000.

En la causa que se sigue en el Juzgado de Puerto del Rosario el partido Votemos Fuerteventura ejerce la acusación popular. Hay otro procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas.

El acusado ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Puerto del Rosario y pide la nulidad de las actuaciones porque no se han practicado las diligencias acordadas por el propio Juzgado.

Su abogado, Ignacio Calatayud, señala que no constan en la causa ni un certificado o testimonio del extracto de las cuentas investigadas ni los documentos que soportan sus apuntes contables, así como los certificados de pago o documentos de ingreso y el  original del arqueo de 31 de diciembre de 2015.

La defensa del tesorero señala que ya denunciaron esto mismo en noviembre de 2018 porque el Ayuntamiento no había remitido la documentación acordada y que ya se ha revocado en una ocasión el auto de procedimiento abreviado por no haberse realizado esas diligencias, y sin que se hayan incorporado, se ha vuelto a cerrar la instrucción.

El Ayuntamiento indicó al Juzgado que no puede cumplir con esas exigencias porque la documentación original solicitada se ha remitido al Tribunal de Cuentas.

Destaca la defensa que hay un informe del actual interventor de La Oliva, Francisco Díaz, realizado el 13 de mayo de 2019, en el que afirma que la contabilidad del Ayuntamiento no es fiable y que no responde a su imagen fiel.

También pide la nulidad porque considera que no se expresan lo hechos punibles contra su defendido y se copian textualmente los hechos del auto de enero de 2019 que fue revocado por la Audiencia Provincial.