El Ayuntamiento de La Oliva se ha querellado contra el exalcalde Pedro Amador, en la actualidad en la oposición, y su asesor jurídico, Xavier Salas. En la querella se les atribuye haber reconocido facturas prescritas a Origo Mare por gastos de mantenimiento de la urbanización, lo que habría ocasionado "un daño patrimonial" al Ayuntamiento de más de 229.490 euros, a lo que habría que añadir una indemnización de 26.807 euros.

En la querella, presentada en los Juzgados de Puerto del Rosario por el actual alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, se considera que Amador pudo incurrir en presuntos delitos de prevaricación, malversación y administración desleal, además de una supuesta usurpación de funciones públicas.

En cuanto al asesor jurídico, contratado en la etapa de Amador en la alcaldía de La Oliva, en la querella se sostiene que hay indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, deslealtad profesional, administración desleal y falsificación en documento público.

El origen del caso se encuentra en los gastos de mantenimiento de la urbanización Origo Mare, cuyo propietario es la empresa Nombredo, del promotor César Zarceño. En la querella se detalla que el Ayuntamiento, con Amador en la alcaldía, reconoció a la citada empresa el derecho a percibir 439.043 euros, por el abono de diversas facturas supuestamente derivada de los gastos de mantenimiento, y una indemnización de 26.807 euros.

Además, en octubre de 2016, el entonces alcalde dictó un decreto en el que anuló recibos que había girado a la promotora de Origo Mare en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles y tasa por la recogida de basuras hasta alcanzar la suma de 439.043 euros. Además, en febrero de 2017, tras el informe jurídico de su asesor, Pedro Amador suspendió un procedimiento contra la empresa para cobrar en vía ejecutiva el citado importe.

Sin embargo, se añade en la querella, no se tuvo en cuenta que las facturas reclamadas al Ayuntamiento prescriben a los cuatro años. Por el contrario, el asesor jurídico reconoció "todas y cada una de las facturas presentadas" por la promotora de Origo Mare, buena parte de ellas ya "prescritas", y a pesar de que "nunca" había solicitado al Consistorio que le fueran abonadas.

Así, en la querella se recalca que no consta en el Ayuntamiento "ninguna reclamación previa" presentada por la empresa Nombredo "donde se instara al abono de los gastos de conservación de la urbanización Origo Mare". Entre las facturas reconocidas, fechadas entre agosto de 2005 y abril de 2016, hay 157.477 euros a Hermanos Doniz, 137.352 euros a Nortiser, 109.109 euros a Santiso, 84.000 euros a Valuch, o 57.835 euros a Endesa, entre otras.

Según la querella, "se debió tener presente" que "todas las facturas con fecha anterior" al 26 de octubre de 2012 estaban "prescritas", por no haber sido reclamadas en tiempo y forma al Ayuntamiento de La Oliva, de tal manera que el Consistorio no tenía la "obligación" ni de reconocerlas ni de abonarlas.

De este modo, se produjo "un grave quebranto para las arcas municipales y un daño patrimonial" a La Oliva cuantificado en 229.490 euros, "al haber sido reconocidas estas cuantías por parte del mencionado asesor jurídico externo y por resolución del propio alcalde". En la querella se destaca que a ese daño patrimonial habría que "sumar intereses", por lo que sería mayor el quebranto para las arcas públicas.

Beneficio a "una entidad privada"

En cuanto a Pedro Amador, en la querella presentada en los Juzgados se le achaca haber beneficiado "a una entidad privada en perjuicio de los intereses municipales, generando un grave perjuicio económico para las arcas" de La Oliva, "ya que se anularon recibos del IBI posteriores al año 2003", así como recibos anteriores a 2014 de la tasa de recogida de basuras".

"Lo más gravoso para los intereses municipales", se apunta en la querella, fue suspender "la recaudación en vía de apremio" a la empresa promotora de Origo Mare de 439.043 euros, "sin contar con informes de técnicos municipales, y menos aún con el informe de fiscalización de la Intervención municipal y de la Tesorería".

La suspensión de la recaudación en vía de apremio a la compañía Nombredo supuso, según la querella, una presunta usurpación de funciones y competencias que tiene otorgadas el tesorero del Ayuntamiento según la legislación.

Además, según la querella, Amador reconoció a la empresa una indemnización de 26.807 euros, cuando la competencia para hacerlo correspondía al pleno del Ayuntamiento de La Oliva.