Las medidas cautelares aplicadas por el Ayuntamiento de La Oliva para controlar la actividad de excursiones de buggies y quads están cumpliendo los objetivos previstos. La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local ha venido desarrollando un dispositivo de vigilancia y control que ha constatado el cumplimiento de la norma por todas las empresas notificadas, con la excepción de una de ellas, a la que se interpuso la correspondiente acta de denuncia.

La UMA levantó acta a una empresa del sector, cuando fue localizada circulando con una veintena de vehículos en el interior del pueblo de El Cotillo, incumpliendo así la primera de las medidas cautelares que prohíbe "circular a menos de 500 metros de poblados y viviendas" (con excepción de las carreteras generales y travesías, por estar estas segundas bajo competencias del Cabildo).

Las otras tres restricciones impuestas consisten en la prohibición de abrir nuevos caminos o pistas, el uso de garajes como talleres sin la correspondiente licencia el almacenaje de carburantes en locales o aparcamientos.

Durante este dispositivo, los agentes de la Policía Local también han localizado y requerido documentación a otras tres empresas que realizan excursiones en otro tipo de vehículos como todo terreno, a fin de registrar su actividad e incorporarla al expediente que tramitan los servicios jurídicos municipales.

Cabe recordar que, en respuesta a la alarma social generada y ante los indicios que apuntaban a que las excursiones de buggies y quads podrían estar desarrollándose sin contar con los permisos correspondientes, el Ayuntamiento de La Oliva decretó el pasado 11 de agosto las mencionadas medidas cautelares, dando a los interesados un plazo de 15 días para presentar la documentación acreditativa de que cuentan con las autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad.

Efectividad del dispositivo

El alcalde de La Oliva y edil titular del área de Seguridad Ciudadana, Isaí Blanco, felicitó a la Policía Local por la efectividad del dispositivo, y agradeció a todos los vecinos y colectivos que durante estos diez días han colaborado con el ayuntamiento, enviando informando e imágenes que han contribuido al dispositivo policial.

Isaí Blanco hizo de nuevo hincapié en que la adopción de las medidas cautelares para esta actividad en concreto "ha sido una decisión de urgencia que se ha adoptado ante el enorme descontento social existente, respaldado con más de 2.000 firmas de vecinos y numerosos escritos presentados por particulares y empresas. Pero también hay que decir que las decisiones no se toman porque sí, sino siempre de acuerdo a la legalidad y a la normativa. En este caso, la información en nuestras manos apuntaba hacia una actividad que podría ser irregular y dañina para el territorio, y por la tanto se ha actuado con firmeza y de inmediato".

No obstante, agregó el alcalde, "este grupo de gobierno es consciente de que el sector turístico es el motor económico del municipio, y por lo tanto no podemos centrarnos únicamente en poner cortapisas a las actividades dañinas, sino también ofrecer una alternativa que permita visitar y disfrutar de nuestros atractivos de una manera sostenible y respetuosa con el territorio".

Al término de los 15 días hábiles decretados, el próximo 1 de septiembre, el Ayuntamiento estudiará la documentación aportada por las empresas notificadas para, en consecuencia, adoptar las medidas correspondientes en aplicación de la Ley y la normativa municipal.