La quiebra de Martinsa Fadesa, que en su momento fue considerada la mayor caída de una empresa inmobiliaria y todo un símbolo del estallido de la burbuja, tuvo un efecto directo en el paisaje de Fuerteventura: la urbanización Atalaya Dorada, a menos de 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, quedó sin terminar. Ahora salen a subasta bungalós desde 2.500 euros pero con remotas posibilidades de legalizarse.

El chollo no lo es tanto. Los bungalós se levantaron dentro de la urbanización Atalaya Dorada, que estaba diseñada para contar con campo de golf, área comercial y parcelas hoteleras, pero que no se ha terminado, lo que impide que las viviendas tengan cédula de habitabilidad.

El plan parcial fue aprobado de forma definitiva en junio de 1996, el proyecto de urbanización en junio de 2001 y el de reparcelación al mes siguiente. Las obras de una promoción de 236 bungalós comenzaron en febrero de 2004 y finalizaron en junio de 2006. Dentro de esa promoción se encuentran los 57 que ahora salen a subasta con precios que oscilan entre los 2.500 y los 3.000 euros de partida.

En su folleto sobre la subasta, Martinsa Fadesa añade que en enero de 2005 se comienza la ejecución de la obra de 25 villas aisladas y 28 villas adosadas, que terminó en octubre de 2006. Sin embargo, no fue hasta 2009 que comienzan las obras de urbanización.

“Cabe mencionar que parte de la urbanización ejecutada no se corresponde con el proyecto de urbanización aprobado, por lo que se entiende que actualmente esa zona sería no recepcionable”, admite la inmobiliaria, que protagonizó en 2008 el mayor concurso de acreedores hasta entonces, con una deuda de 7.000 millones de euros.

Al no estar recepcionada la urbanización por el Ayuntamiento de La Oliva, ni poder serlo al no estar completadas las obras ni contar con los servicios básicos, el Consistorio no se ocuparía en ningún caso, por ejemplo, de recoger la basura, hacer frente a reparaciones en las calles o del alumbrado público.

Imagen de 2010 de uno de los bungalós a la venta.

Urbanización con problemas

Martinsa Fadesa sostiene que están “pendientes las pertinentes gestiones para la búsqueda de soluciones”, sin dar más detalle. En 2010 intentó que el Ayuntamiento asumiera la recepción parcial de Atalaya Dorada, “de la parte ejecutada conforme al proyecto de urbanización”, según la inmobiliaria, lo que la empresa considera la zona “recepcionable”, pero el Ayuntamiento lo rechazó de plano.

En esa parte de la urbanización que para la empresa está terminada, criterio que no comparte el Ayuntamiento de La Oliva, se encuentran 32 viviendas de las 57 que han salido a subasta, que carecen de licencia de primera ocupación y de cédula de habitabilidad.

¿Y cómo conseguir regularizar las viviendas? La propia Martinsa Fadesa lo explica en el folleto de venta, para evitar que se pueda considerar que ocultan información a los posibles compradores.

Así, las viviendas “serían susceptibles de obtener licencia de primera ocupación, condicionadas a la ejecución del campo de golf, a la compra de suelos para acceso definitivo al sector, a la ejecución del vial de acceso definitivo y a la subsanación de las deficiencias técnicas de urbanización”.

En la zona que Martinsa Fadesa califica como “no recepcionable” se encuentran otras 25 viviendas que salen a subasta y que están “fuera de ordenación”.

Imagen del folleto de la subasta.

Hipoteca con ‘fondo buitre’

Cada una de las fincas que salen a subasta está gravada con hipoteca a favor de Promontoria Holding 140 B.V., con sede en los Países Bajos y cuyo nombre ha aparecido vinculada al fondo ‘buitre’ norteamericano Cerberus Capital, que se ha especializado en España en buscar créditos fallidos y activos inmobiliarios en los que invertir.

“Al tiempo de formalizarse la escritura de compraventa y con carácter previo a la misma, se otorgará por parte de la entidad (acreedor con privilegio especial) carta de pago y cancelación de la hipoteca”, asegura Martinsa Fadesa en su folleto de venta.

A cargo del comprador corren “las cuotas de IBI y cuotas de comunidad y los gastos no satisfechos por el vendedor que pudieran ser reclamados por las administraciones públicas al adquirente, devengados con anterioridad al 6 de marzo de 2015”. El comprador también corre con los gastos notariales y los derivados de inscripción en el registro o de la cancelación de cargas. La fecha límite para pujar es el próximo 26 de diciembre.