La viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Isabel Cubas Marrero, se ha puesto la toga en el juicio del caso Stratvs, calificado por la Fiscalía el "peor atentado medioambiental" que se ha producido en Lanzarote.

La presencia de Cubas, sentada en el estrado en el que se encuentran las defensas de los 10 acusados, junto a la jefa de los servicios jurídicos, Ana María Quintana, sorprendió al inicio de la primera sesión del juicio.

En vez de situarse en el público, la viceconsejera del Gobierno de Canarias se sentó en el estrado reservado a los abogados de las defensas, pese a tratarse de un cargo político de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez (PSOE).

Al inicio de la vista oral, el tribunal fue cuestionado por su presencia y Cubas contestó que era "la viceconsejera de los Servicios Jurídicos" y que había solicitado a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial sentarse en ese lugar, reservado para los letrados de los acusados. Hasta 2015, Cubas desempeñó el puesto de jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se da la circunstancia de que la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias es Carla Vallejo, que como magistrada formó parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que juzgó una parte del caso Stratvs, por el aforamiento de la entonces diputada Gladys Acuña, que fue condenada a 14 años de inhabilitación.

La Sala de lo Penal del TSJC de la que formó parte la actual viceconsejera Carla Vallejo también anuló la licencia de actividad de la bodega Stratvs porque su concesión era "imposible" a la vista del planeamiento territorial y urbanístico.

Para la defensa de los tres acusados relacionados con la licencia para Stratvs otorgada en 1999 por el Gobierno de Canarias -los técnicos Faustino García Márquez y Armando Villavicencio, y el exdirector general de Urbanismo Juan César Muñoz-, la jefa de los servicios jurídicos, acompañada de la viceconsejera Isabel Cubas, ha sostenido la tesis de que el paisaje protegido de La Geria no sería espacio natural protegido desde 1990.

En concreto, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma alegaron que, al no haberse elaborado un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), la declaración de espacio natural de La Geria habría perdido su vigencia desde aquella fecha.

Sin embargo, el Gobierno ha actuado durante las últimas tres décadas en sentido contrario: lo mantiene dentro de la red de espacios naturales protegidos, aprobó su plan rector de uso y gestión, en 2013 de forma parcial y en 2014 de forma definitiva, y la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) ha ejecutado el derribo de viviendas ilegales por haberse construido en un paraje protegido.

La Fiscalía y Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular, también argumentaron que la legislación sigue otorgando una especial protección al suelo de La Geria y que por tanto ésta “permanece incólume”. Además, la letrada de Transparencia, Irma Ferrer, destacó que La Geria es una zona protegida por la Unión Europea al estar incluida en la Red de espacios naturales Natura 2000.

Expertos en Derecho administrativo consultados por este periódico indican que, con su estrategia en el caso Stratvs, los servicios jurídicos del Gobierno ponen en tela de juicio toda la red canaria de espacios naturales protegidos, que estarían en una situación idéntica al paisaje de La Geria.

Banquillo de los acusados.

Los acusados del Gobierno

Faustino García Márquez, que fue jefe de servicio en la Dirección General de Urbanismo, ya jubilado, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 12 años de inhabilitación para empleo público relacionado con el presunto delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores de un espacio natural protegido, así como a una multa de 27.000 euros.

La misma pena pide la Fiscalía para Armando Villavicencio. El exdirector general de Urbanismo, Juan César Muñoz, que firmó la autorización del Gobierno para la bodega Stratvs, está acusado por Transparencia Urbanística.

En 1988 se inició por parte del promotor de la bodega el procedimiento de autorización para obras en suelo rústico, preceptiva para luego obtener la licencia municipal de obras. En septiembre de aquel año, el jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, Luis Pascual, emitió un informe desfavorable al proyecto.

A pesar de destacar la importancia del desarrollo de la industria vitivinícola para "garantizar el mantenimiento de los valores agrarios, paisajísticos, culturales y naturales", el informe de Medio Ambiente señalaba expresamente que los terrenos en los que se pensaba llevar a cabo estaban recogidos en el Plan Insular como zona de valor paisajístico, "un suelo incompatible con la construcción de edificios e infraestructuras aéreas", así como con toda obra "que requiriese movimientos de tierras". También puntualizaba que se encontraba dentro de los límites del paisaje protegido de La Geria.

En octubre de 1998, Faustino García Márquez emitió un informe en el que proponía expresamente denegar la autorización para la construcción del nuevo almacén destinado a bodega, conforme a la normativa del Plan Insular, aunque fuera subterráneo.

"No obstante lo anterior, sin justificación técnica ni documental alguna para ello, y sin que requiriera ni se emitiera ningún otro informe técnico, externo o sectorial al respecto", el 10 de marzo de 1999, García Márquez emitió otro informe "cambiando drásticamente su criterio" y "a sabiendas de que con ello contravenía groseramente la normativa urbanística de aplicación", destaca la Fiscalía en su escrito de acusación.

Así, el Ministerio Fiscal añade que García Márquez informó favorablemente a conceder la autorización del proyecto tanto respecto a la restauración de la vivienda como a la construcción de la nueva edificación de almacén para la bodega, "con la injustificable condición de que ésta fuera totalmente enterrada y mimetizada con el entorno a fin de evitar su percepción desde cualquier punto de vista, y con la advertencia expresa de que el producto de la excavación resultante para edificar la bodega debía ser trasladado obligatoriamente al vertedero designado por el Ayuntamiento".

Seis días después, Armando Villavicencio emitió el informe jurídico favorable con las condiciones descritas en el informe técnico de García Márquez, "dando por ciertos los datos consignados" en el proyecto, "a pesar de conocer y de advertir expresamente tanto en los antecedentes como en los fundamentos de derecho de su propio informe jurídico, la incompatibilidad y la falta de justificación de las obras respecto a la normativa urbanística y medioambiental aplicables".

El 24 de marzo de 1999, el entonces director general de Urbanismo concedió la autorización para la bodega de 900 metros y la restauración de una vivienda antigua. Según la Fiscalía, se intervino en realidad sobre 12.000 metros cuadrados de superficie.