Las empresas de Canarias han presentado 4.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la primera semana laboral de vigencia de la declaración de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus Covid-2019, con unos 20.000 trabajadores afectados.

Así lo ha expuesto el Gobierno de Canarias a empresarios y sindicatos en la reunión celebrada este lunes por el Consejo Asesor del Presidente, ha informado a Efe el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González.

Todos los expedientes se han presentado y tramitado como causa de fuerza mayor, acogiéndose al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Los trabajadores sometidos a un ERTE motivado por la emergencia del Covid-19 no tienen que hacer ninguna gestión para su inscripción como demandantes de empleo y para el cobro de la prestación por desempleo, que alcanza al 70 % de su base de cotización, ya que las empresas tramitan las solicitudes y son reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sin mediación de los afectados.

Estos ERTE por fuerza mayor se tramitan de forma automática y su vigencia concluye con el estado de alarma y sus prórrogas, pero el problema es que las áreas de actividad ligadas directamente al turismo no se van a reactivar inmediatamente, sino que los visitantes tardarán en regresar un plazo incierto que podría ser de tres o cuatro meses.

Por eso, según ha informado el líder de CCOO Canarias, los sindicatos están negociando de forma paralela, empresa por empresa del sector turístico, que estos ERTE por fuerza mayor, una vez concluya la alarma y las eventuales prórrogas, se transformen en ERTE por causas organizativas, técnicas, de producción y económicas durante los meses en que tarde en reactivarse el turismo.

Sería la manera de no perder empleo turístico o al menos de que se pueda recuperar la mayor parte cuando las medidas de confinamiento en España y en los países emisores de visitantes permitan reactivar este sector, que lo hará de forma más lenta, dijo González.

Los sindicatos van a proponer además que, en el caso de estos ERTE extendidos por causas económicas que se negocien con las empresas turísticas, el Gobierno de Canarias aporte un 15 por ciento de complemento a las prestaciones por desempleo, de manera que no sea solo el 70 por ciento de la base de cotización lo que perciba cada trabajador.

Esta propuesta permite que durante ese periodo de tres o cuatro meses los trabajadores del sector turísticos afectado por los ERTE por razones económicas perciban el 85 por ciento de sus salarios, lo cual a su vez ayudará a la recuperación del consumo y de la actividad económica en Canarias en cuanto se levante el estado de alarma, según la propuesta sindical.

"Los demás sectores económicos comenzarán a reactivarse" cuando la gente deje el confinamiento, pero el turismo tardará, y con este complemento al desempleo de los trabajadores turísticos será más fácil recuperar la actividad general, que al final dependerá del poder adquisitivo de las personas, ha subrayado Inocencio González.

El dirigente sindical ha señalado que si tienen éxito las negociaciones paralelas de los sindicatos con las empresas turísticas para pactar los ERTE por razones económicas tras salir del estado de alarma, será más fácil que sean autorizados por la autoridad laboral.

De momento, las empresas afectadas se han acogido a los ERTE por fuerza mayor, pero se trata de que los trabajadores del sector turístico no se queden en "un limbo" hasta que regresen los turistas una vez superada la emergencia, ha resumido el líder de CCOO en Canarias.

Sector alimentario

Otra cuestión que han planteado los sindicatos en la reunión del Consejo Asesor del Presidente es que deben mejorar las condiciones en las que los trabajadores del sector alimentario están realizando sus funciones durante esta situación de alarma.

En primer lugar, los sindicatos piden que se reduzca más el horario de apertura de los comercios, como medida de preventiva y de seguridad tanto para los trabajadores como para el público, puesto que las reducciones aplicadas hasta ahora no son significativas, a su juicio.

Además, muchos empleados de supermercados o tiendas de alimentación tienen a su vez personas con situaciones de riesgo en sus domicilios por edad o por patologías.

"Hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de negociar expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada" para que el personal se vaya rotando y que en el momento de su incorporación, si los medios disponibles lo permiten, se les hagan los test sobre el virus.

"Esto favorecería las medidas de prevención y la seguridad de los trabajadores, de su entorno familiar y de los clientes, y en definitiva ayudaría al éxito del esfuerzo que está realizando toda la sociedad", ha explicado el dirigente sindical.