El coronavirus ha arrollado sin contemplaciones la economía de las Islas orientales. En Lanzarote y Fuerteventura el paro se ha disparado ya un 55 por ciento con respecto al año pasado. El incremento del desempleo está siendo brutal: más del doble que en el conjunto del Archipiélago. La destrucción de empresas llega al 12 por ciento.

A pesar de las escalofriantes cifras que refleja el mercado laboral, el Gobierno de Canarias sigue sin plasmar un paquete de medidas específicas para las Islas orientales que atenúe el desplome provocado por una crisis que amenaza con dejar una huella que tardará mucho en tiempo en borrarse.

De nada han servido, por ahora, las reivindicaciones lanzadas desde los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que prevén que el escenario se vuelva aún más dramático.

Es 15 de mayo por la mañana. La socialista Dolores Corujo adopta un tono grave en la comparecencia pública en la que hace balance de la situación de la crisis del coronavirus en Lanzarote. No por la incidencia de la Covid-19: quedan tres casos activos, lejos de los 64 que llegó a haber a comienzos de abril.

Su preocupación es por los síntomas de la crisis económica y por el limitado margen de maniobra de las instituciones lanzaroteñas: “Los incentivos fiscales, bonificaciones, contratación de obra pública no van a ser suficientes”, como tampoco “las campañas de promoción de productos locales ni las ayudas directas”. “Son medidas que adoptamos y adoptaremos pero no van a ser suficientes”, recalca.

En aquel momento, la presidenta del Cabildo de Lanzarote reclama al Gobierno que preside Ángel Víctor Torres, “de manera irrenunciable”, un “anexo oriental” en el bautizado como Plan de reconstrucción de Canarias.

“No se trata de una visión insularista”, dice entonces Corujo, sino que se “reconozca lo evidente”, que “el golpe en la economía se concentra en Lanzarote y Fuerteventura”. Dos Islas, cuyo 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) depende de forma directa del turismo, que llevan “años aportado muy por encima de lo que reciben” y que han sido “auténticos motores en la recaudación de impuestos”.

Las palabras de Corujo, medidas, suenan rotundas: “Ha llegado el momento en el que  la solidaridad cambie de sentido y Lanzarote y Fuerteventura se conviertan en objetivo prioritario”.

A menos que exista una agenda oculta, sus palabras no encontrarían eco en el Plan de reconstrucción que firmarían, 15 días después, todos los partidos salvo PP y Ciudadanos, cuya rúbrica Torres haría coincidir, de manera solemne, con el Día de Canarias.

Aprender de los errores

En la víspera de la efeméride de la primera sesión del Parlamento autonómico, Blas Acosta lleva al pleno del Cabildo su ‘Acuerdo para la reactivación socioeconómica de Fuerteventura’, 24 de páginas que trazan un diagnóstico sombrío sobre la realidad a corto plazo de la Isla, pero que desde la oposición, principalmente Asamblea Majorera, tachan de “poco concreto” en cuanto a medidas efectivas.

Desde el gobierno insular se argumenta que no han estado quietos y ponen como ejemplo la adjudicación, en pleno estado de alarma, de 4,7 millones en doce obras de “emergencia” para paliar los “históricos” problemas de abastecimiento de agua en la Isla, que de forma periódica sufre cortes en el suministro.

En números redondos, el gobierno de PSOE, NC-AMF y Podemos habla de partidas de casi 20 millones destinadas a “paliar los efectos de la actual situación económica derivada de la crisis sanitaria”.

El documento que se pone sobre la mesa en la Casa Palacio reconoce “contradicciones” del modelo económico que ha impulsado la expansión de la economía majorera. Destaca la “fragilidad de las bases sobre las que se asentaba el crecimiento de los últimos años”, oculta por la creación de un elevado número de puestos de trabajo, que ahora están en la cuerda floja.

Se admite que de la anterior crisis, que arrancó en 2007, se aprendió poco y que, con la recuperación, que se consolidó a partir de 2012, se profundizó en el mismo modelo, con un “elevadísimo grado de dependencia del sector turístico”. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que Fuerteventura –y Lanzarote, que está cortada por el mismo patrón- sea “uno de los territorios en los que la afección en términos sociales y económicos se manifieste con mayor intensidad”.

“Lo que ha puesto de manifiesto el ‘cero turístico’ sufrido durante este tiempo, impensable hace unos meses, es la vulnerabilidad de la economía insular derivada de esa dependencia” del turismo, se señala en el análisis firmado por Acosta, que incide en el “cambio de modelo”.

Plantea “convertir a Fuerteventura en la plataforma tecnológica y logística de Europea y América con África Occidental”, apostar por el sector primario, que “crisis tras crisis ha permanecido estoico”, para “avanzar hacia la soberanía alimentaria”, o atraer a empresas e inversores “que diversifiquen nuestro modelo económico”. Sin respaldo gubernamental, todas estas aspiraciones corren el riesgo de quedar en simples anhelos.

El incierto pacto de Torres

En un vacío Teatro Guimerá, Ángel Víctor Torres dice que “el virus no va a arrodillarnos ni a arrebatarnos el futuro”, a pesar de que haya provocado “la peor tormenta que jamás hayamos atravesado”. El discurso enlatado se emite en la noche del 30 de mayo. Antes, por la mañana, en la sede del Parlamento firma el ‘Pacto por la reactivación social y económica de Canarias’, con el aval de sindicatos, patronales, federaciones de cabildos y ayuntamientos.

La “hoja de ruta” para evitar que se derrumben “los cimientos del estado del bienestar” en el Archipiélago recoge una estimación financiera de más de 18.500 millones de euros y ninguna referencia a que el impacto de la crisis ha sido asimétrico y desigual dentro de Canarias.

Menciona de pasada “la incidencia de la doble insularidad”, que es un factor que ya lastraba antes de la crisis del coronavirus a las Islas no capitalinas y obvia un análisis por territorios de la situación.

El diagnóstico se queda en la superficie y solo compara a Canarias con el resto de comunidades, concluye que será la “más afectada por las consecuencias económicas” en el turismo y que eso “requiere de medidas reforzadas”, pero evita bajar al terreno y concretar el mismo examen dentro del Archipiélago, en las Islas donde el sector servicios tiene mayor peso y la dependencia es más acusada.

En los 18.535 millones, que incluyen casi 4.000 millones de inversión privada que habrá que ver si se materializa, se comprometen 3.162 millones del Estado (una tercera parte para pagar los Expedientes de regulación temporal de empleo), 2.273 millones de los ayuntamientos y 1.960 millones de los cabildos.

Uno de los ingredientes de la receta es conocido: la construcción, que “puede reactivarse antes” que otras actividades económicas. La obra pública, en carreteras, viviendas o equipamientos sanitarios, “se convertirá en un elemento de estímulo prioritario ante esta nueva coyuntura”, señala el Plan, que refleja hasta 1.700 millones de inversión de las instituciones.

También se apuesta por “propiciar la rehabilitación” de instalaciones turísticas mediante el “desbloqueo” de inversiones a través de “la toma de decisiones urgentes” con “permisos y licencias de obras”.

A pesar de que en el relato se insiste en la importancia de la diversificación económica, para el sector primario apenas se reflejan 50 millones de euros, básicamente para adelantar ayudas ya fijadas a la producción, mediante el programa POSEI, ocho millones para el agua de riego y cinco millones de ayuda para productos perecederos no alimenticios. La industria queda peor parada: apenas seis millones. La apuesta sigue siendo el turismo, con 104 millones.

Foto: Jazz Sandoval.

Duras cifras del paro

Tan solo 72 horas después de la lluvia de millones prometidos en el Plan de Torres, llegan las otras cifras, las que muestran la cruda realidad, especialmente en las Islas orientales. El Observatorio canario de empleo (Obecan) certifica que Lanzarote empieza junio con 16.871 parados, un 55,5 por ciento más que el año pasado. Fuerteventura se va hasta los 14.142 desempleados, también con un 55 por ciento de incremento.

Lanzarote y Fuerteventura empiezan junio con un 55% más de desempleo que hace un año y casi 62.000 trabajadores en el paro o en ERTE

La media regional de paro se sitúa en la mitad, alrededor de un 27 por ciento, lo que muestra la gravedad de la situación en Lanzarote y Fuerteventura. Salvo estas dos Islas, ninguna alcanza ni siquiera el 30 por ciento de aumento de paro (Tenerife se queda en el 28 por ciento), Gran Canaria y La Gomera están en el 20 por ciento, mientras que La Palma y El Hierro se mueven en incrementos del 15 por ciento.

El panorama puede empeorar: Lanzarote tiene otros 19.191 trabajadores con el puesto suspendido, en un Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Se trata de la única Isla que tiene más trabajadores en ERTE, unos 2.320, que en situación de desempleo. En el caso de Fuerteventura, las cifras no son mejores y los trabajadores que están incluidos en algún ERTE ascienden a 11.606.

Las fuentes empresariales consultadas esperan una recuperación “muy lenta” de la actividad económica en las islas turísticas, lo que puede provocar que los puestos de trabajo que teóricamente están congelados en un ERTE, en la práctica desaparezcan a corto plazo, engrosando mucho más la ya abultada lista del paro.

Entre parados y trabajadores con el puesto suspendido, en Lanzarote y Fuerteventura suman 61.810 personas, lo que representa el 43,5 por ciento de la población activa de las Islas orientales. Su economía, claramente, está en cuidados intensivos y necesita un tratamiento específico.