Los juzgados de Canarias han tramitado 5.786 procedimientos nuevos desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo por la pandemia de coronavirus y hasta el 12 de marzo, periodo en el que además han efectuado 608 trámites incidentales de procesos ya existentes.

En un comunicado, la Consejería de Justicia ha informado este martes de que los juzgados de instrucción son los que han tenido mayor actividad y cursado más procedimientos nuevos, 2.005 en la provincia de Las Palmas han cursado y 1.249 en Santa Cruz de Tenerife.

Los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer en la provincia de Las Palmas han tramitado 138 casos nuevos y 30 incidentes, si bien no están incluidos los registrados en los de instrucción y mixtos, y en los de Santa Cruz de Tenerife, la cifra es menor, 88 casos nuevos y 46 incidentes.

Según los datos facilitados por la Consejería, en los juzgados de Primera Instancia de Las Palmas se han incoado 263 procedimientos nuevos y 52 incidentes y en los Mixtos, 606 asuntos nuevos, 41 incidentes y cinco ejecuciones.

En esta provincia se tramitaron en los juzgados de lo Social, 172 asuntos nuevos y 10 incidentes; en los de Contencioso Administrativo, nueve asuntos principales y ocho incidentes; y en los de Mercantil; un asunto principal y 26 incidentes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los juzgados de Primera Instancia, 135 asuntos principales, 10 incidentes y una ejecución; Mixtos, 994 asuntos nuevos, 140 incidentes y cinco ejecuciones; y en los de lo Penal, 37 asuntos nuevos, 10 incidentes y 83 ejecuciones.

Los juzgados de lo Social tramitaron en Santa Cruz de Tenerife 19 asuntos principales; los de lo Mercantil, 11 asuntos principales y 15 incidentes; y los lo Contencioso, 33 asuntos principales y 3 incidentes.

En cuanto a los funcionarios que se encuentran trabajando presencialmente (en porcentaje medio) en las islas, en la nota se indica que afecta a un 25 por cietno de los facultativos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Así mismo, se trasladan a sus puestos de trabajo un 20,9 por ciento de los funcionarios de los juzgados de Instrucción, un 24,9 por ciento de los de Primera Instancia e Instrucción y un 24, 8 por ciento de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

En el caso de las fiscalías, se desplazan a su lugar de trabajo un 23,2 por ciento de los funcionarios, y en el de las secciones penales de las Audiencias Provinciales, un 9 por ciento, mientras que en los juzgados Penales, Decanato y Registros Civiles, entre un 5 y un 6 por ciento.

En el resto de órganos, los funcionarios se encuentran en régimen de disponibilidad.

En relación a los integrantes de las carreras judicial y fiscal y los letrados de la Administración de Justicia, la Consejería informa de que se han organizado en turnos rotatorios presenciales por partido judicial y especialidad para atender los servicios esenciales.

Además, trabajan desde su domicilio los que disponen de medios técnicos para la conexión por internet al despacho profesional.

Servicios esenciales

El consejero de Justicia del Gobierno canario, Julio Pérez, ha asegurado que desde que se declaró el estado de alarma se ha mantenido la prestación de servicios esenciales decretados por el Consejo General del Poder Judicial.

“Todos los Juzgados y órganos de la Administración de Justicia en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan aquellas peticiones y procedimientos considerados esenciales”, ha indicado Pérez.

La nota recuerda que estos servicios comprenden las actuaciones del juzgado de guardia, resolver sobre órdenes de protección y procesos que se sigan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, la adopción de medidas urgentes de protección de menores y personas con discapacidad y actuaciones en causas con preso.

Así mismo, incluye la inscripción de nacimientos y defunciones en el Registro civil y cualesquier otra medida cautelar o proceso urgente que se siga en los órdenes civil, social y contencioso administrativo.

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha señalado también que el Gobierno de Canarias, como responsable de medios personales y materiales de este área, ha reforzado los servicios de seguridad de los edificios, el servicio de limpieza, los sistemas de transporte y dotado a las personas usuarias de equipos de protección individual.

Vallejo ha recalcado que el funcionamiento del servicio público se asegura gracias al trabajo diario de los trabajadores la Administración de Justicia, así como al colectivo de profesionales de los servicios de seguridad y limpieza que cada día acuden a los edificios judiciales y a la labor profesional del cuerpo de letrados y de los integrantes de las carreras judicial y fiscal.