La zona de servidumbre de protección de Costas en el entorno del saladar de Bristol, junto a la Avenida Juan Carlos I de Corralejo, alcanza los 100 metros. En ese espacio, que está sin edificar en la actualidad, su protección por Costas impide construir edificios destinados a residencia o habitación, como hoteles.

Sin embargo, el equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO), encabezado por Francisco González-Jaraba, insiste en aprovechar una modificación menor del planeamiento, con la intención de mejorar el acceso al muelle de Corralejo, para calificar como hotelera una parcela propiedad del Banco Santander, que la propia entidad bancaria tiene a la venta, al lado de la estación de guaguas.

En esa parte de la Avenida hay tres parcelas privadas sin construir que suman más de 20.300 metros cuadrados de superficie, con una edificabilidad de 35.500 metros, y su uso es el residencial. Sin embargo, con la protección de Costas, apenas queda fuera de la zona de servidumbre un trozo de 6.400 metros, en la parte más próxima a la estación.

El equipo de González-Jaraba ha planteado al Ayuntamiento de La Oliva discutirle al Ministerio de Medio Ambiente la protección costera que posee ese espacio, que se reduzca de 100 metros a tan solo 20 y dar vía libre a una parcela hotelera de 13.500 metros y casi el doble de edificabilidad.

Ante las críticas en el seno de la Corporación municipal por la solución urbanística planteada y a la intención de los grupos políticos de aumentar la protección del saladar de Bristol (en marzo se aprobó la petición de que sea Sitio de Interés Científico), la respuesta del equipo redactor del Plan General ha sido poner sobre la mesa otras dos alternativas.

En ambos casos pasarían por que el Ayuntamiento de La Oliva expropiase al Banco Santander, a pesar de que en la actualidad la protección de Costas bloquea la construcción de las parcelas de la entidad bancaria.

La primera opción sería dejar una parcela de 8.600 metros en la que construir y “expropiar” al Santander el resto de terrenos, en zona de servidumbre de protección costera, por 10,5 millones de euros. La otra opción que propone es expropiar toda esa zona por más de 18,3 millones de euros.