El centenar de vecinos que habita las edificaciones junto al barranco y El Palmeral de Gran Tarajal continúa sufriendo los efectos del aumento del nivel de las aguas subterráneas, como ya denunciara en Diario de Fuerteventura hace un año el arquitecto Luis del Pozo, él mismo perjudicado por la subida del nivel freático de las aguas, que lleva lidiando desde 2017 con las administraciones para que intervengan ante una situación que define como de “gravedad”.

El arquitecto dice que la “culpa” de este problema es la propia naturaleza del ser humano “que ha construido sus casas en un acuífero”. No obstante, y aunque no es excusa, la actual situación de humedades que sufren todas las edificaciones en la cuenca del barranco, desde la iglesia hasta el centro de salud, con especial incidencia en unas 70 que cuentan con sótano, es relativamente reciente y se remonta a hace apenas dos años.

“Hasta entonces estuvo en activo el pozo que explotaba Antonio Cabrera, que sacaba entre cinco y siete millones de litros de agua diarios, lo que mantenía a raya el nivel freático”, explica Del Pozo.

Desde que se clausuró la empresa, en ejecución de la normativa impuesta en el Plan Hidrológico insular, que prohíbe la explotación particular de los recursos hídricos públicos, como son las aguas subterráneas, comenzaron a sentirse las graves consecuencias de la subida del nivel de las aguas.

“Fue muy evidente en las partes construidas subterráneas, pero, en general, todas las edificaciones de esta amplia zona del pueblo lo están notando”, aduce el arquitecto. Hace seis meses, sin embargo, llegó un provisional respiro, gracias al drenaje del suelo que se está acometiendo dentro de la obra de cimentación de la futura biblioteca y centro polivalente de Gran Tarajal, a cargo de la empresa Satocan, en un solar de 1.969 metros cuadrados, entre el parque Félix López y las calles Vigán y Alcalde Jaime del Castillo.

Es un suelo plenamente afectado por las aguas subterráneas, tal y como quedó registrado en un informe del propio director de obra, que obligó a la paralización temporal del proyecto en mayo del pasado año.

“Mientras ha habido que drenar para poder acometer la cimentación que, por cierto, se ha hecho con un hormigón especialmente resistente a la humedad, han parado las filtraciones”, indica el arquitecto.

Sin embargo, la proximidad del fin de las obras preocupa a los vecinos afectados por la amenaza de deterioro e incluso de ruina de sus inmuebles.

Solución

Luis del Pozo, vecino y técnico por su labor profesional, explica que, mientras estuvo en marcha la actividad del pozo de la familia Cabrera, ningún estudio geológico arrojó datos preocupantes sobre la cercanía del nivel freático a la superficie.

 “Se hacían catas a tres o cuatro metros sin presencia de agua”, asegura, lo que daba tranquilidad y garantías técnicas para construir. Ahora que se prevé el final de la obra de cimentación de la biblioteca, los vecinos temen que vuelvan los problemas, ya que no será necesario drenar el terreno, advierte Del Pozo, que teme, además, por otras circunstancias añadidas “como las mareas del Pino y la parálisis actual del Ayuntamiento de Tuineje”, dice, en alusión al cambio de gobierno.

Lo que puede parecer una auténtica catástrofe, dadas las circunstancias, tiene, en cambio, una solución tan práctica como económica. “Volver a la actividad de extracción de agua filtrada”, aduce Del Pozo. Cabe destacar la menor salinidad de estas aguas (12 gramos de sal por litro, frente a la media de 36 gramos que contiene el agua de mar, de la que se abastecen las potabilizadoras, incluida la problemática infraestructura de Gran Tarajal). Lo que permitiría disponer de un recurso hídrico natural y de paso subsanar el problema del necesario drenaje de las aguas subterráneas para solventar las filtraciones en las edificaciones de la zona del barranco y El Palmeral.

La actividad debería llevarse a cabo con los correspondientes permisos de las administraciones, en este caso una concesión administrativa, “con lo que podría subsanarse, además, el problema de abastecimiento de agua que presenta la Isla, con un pequeño proceso de potabilización”, insiste Del Pozo.

El escollo es, al parecer, la hasta ahora negativa de la propiedad del pozo, la familia Cabrera, a vender la infraestructura. Las posibilidades legales para su explotación podrían pasar, incluso, por su expropiación, al tratarse de una actividad de interés público, aunque ni el Cabildo ni el Consorcio de Abastecimiento han dado pasos en este sentido.

Hace más de un año, los vecinos elevaron una propuesta al Cabildo, avalada por multitud de firmas, y que se aprobó en pleno con el apoyo de grupos tan dispares como el PP y Podemos, y del que salió la decisión de realizar un estudio hidrológico en la zona afectada. “El responsable técnico del área del Cabildo subrayó, además, que el plan hidrológico obliga ya a contar con este documento”, indica Del Pozo.  Un informe del que hasta el momento no se ha conocido su desarrollo.

Ayuntamiento

Desde el nuevo equipo de gobierno, la propia alcaldesa, Esther Hernández (PP), recuerda que desde la oposición el grupo popular ya presentó una moción para instar a la solución. Reconoce que sigue existiendo “un problema” en la zona centro, con filtraciones de agua. Explica que hay muchas hipótesis, como las analíticas que apuntan a que no es agua salada sino potable, lo que indicaría que “hay averías del Consorcio del Agua que no se han solucionado”.

“El Consorcio de Aguas tiene muchos problemas en el municipio, entre ellos la necesidad de cambiar la red de tuberías que vendría a solucionar, quizás, lo que nos están diciendo los técnicos con respecto a los problemas de esos edificios”, señala Hernández.

“Defendimos una solución desde la oposición y ahora con más motivo desde el gobierno”, confirma la alcaldesa,  quien asegura que trabajarán de la mano del Cabildo de Fuerteventura para hallar la respuesta al problema que mantiene en vilo a estos vecinos.