Los vecinos de la urbanización de La Pared han denunciado en el Juzgado cortes de agua reiterados, cobros abusivos por pérdidas en la red de abastecimiento a los que no están obligados y el incumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de abril de 2016, que obliga al Ayuntamiento de Pájara a “prestar los servicios mínimos” a la localidad, como “el abastecimiento” de agua y la “reparación de averías”.

La denuncia se registró en el Juzgado el 4 de enero y llevaban desde el 31 de diciembre sin agua en sus viviendas. Hace dos meses también denunciaron un corte en el suministro de agua que se alargó durante una semana.

En la denuncia, que también han presentado en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), subrayan que no están recibiendo el servicio de forma puntual y que hay “muchos días” en los que no tienen agua.

También denuncian la “elevada facturación por pérdidas”. Así, aunque el Ayuntamiento de Pájara “es el encargado del abastecimiento de agua en virtud de sentencia judicial” se está tratando a los vecinos de viviendas individuales como una comunidad privada, cargándole gastos que no les tocan.

“No es posible que se facturen un número elevado de metros cúbicos de agua y la mayoría de los días no tengamos agua en nuestras tuberías”, se recalca en la denuncia.

En ese sentido, exigen “que se proceda a la devolución de todo lo cobrado de forma indebida” por “averías” en el exterior de sus viviendas, así como que se le realice la facturación “de forma individual” a cada vecino, y a que se les garantice el servicio de abastecimiento de agua “todos los días”, que es por el que los abonados “pagan puntualmente”.

Querella en el Juzgado

Además de las recientes denuncias en el Juzgado, los vecinos de La Pared interpusieron una querella por las irregularidades en la urbanización.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario ordenó citar como investigados a los miembros de las Juntas de gobierno de Pájara, presidido por Rafael Perdomo, desde enero de 2008.

En las diligencias se apuntan presuntos delitos de prevaricación. Sin embargo,  aunque la citación se acordó hace más de nueve meses, todavía no se han producido las declaraciones en sede judicial.