El empresario y abogado Luis Lleó ha reconocido en una vista celebraba ese jueves en Las Palmas de Gran Canaria que intentó sobornar en el año 2008 al exconsejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, a través del empresario Fernando Becerra, para desbloquear los problemas urbanísticos de una parcela de su propiedad en Playa Blanca.

Después de un largo proceso judicial, de decenas y decenas de recursos en diferentes instancias, recusaciones de jueces, cambios de abogado, quejas a los órganos judiciales, procedimientos y denuncias paralelas, apariciones de supuestas asociaciones para ejercer la acusación popular, solicitudes de pruebas periciales para intentar desmontar el caso por parte de este empresario, al final ha acabado reconociendo los hechos, tal y como había reconocido ya el otro acusado, Fernando Becerra y como era evidente por las grabaciones de las conversaciones por parte de la Guardia Civil.

Becerra y Lleó, los dos acusados en esta pieza de Unión, la pieza inicial, que debía juzgar el Tribunal del Jurado, han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Lleó acepta una condena de un año y medio de cárcel y una multa de 150.000 euros y Becerra, que ya había confesado hace años, un pena de un año y multa de 100.000. Ninguno de los dos entrará en prisión al ser la pena menor de dos años y porque ya estuvieron en 2009 en prisión provisional. Las penas se sustituirán por multas.

Lleó también desiste “de todas y cada una de las cuestiones previas planteadas, así como de la denuncia de vulneración de derechos fundamentales”. Para las penas, se han tenido en cuenta varios atenuantes, como el de confesión tardía y el de dilaciones indebidas porque la causa estuvo paralizada durante tres años y tres meses. La solicitud inicial de pena de la Fiscalía era de seis años de prisión para Lleó.

Maraña de recursos

A través de una maraña de procedimientos y de recursos, Lleó ha intentado durante años, sin éxito, que se anulara la causa, tras poner en duda, gracias a la ayuda de varios medios de comunicación, tanto la investigación de la Guardia Civil como una supuesta conspiración política, empresarial y judicial para poner en marcha el caso. Al final, reconociendo los hechos cierra la puerta a cualquier posible nulidad de este caso basada en el inicio de la investigación.

Condenas firmes

Tanto el Supremo como la Audiencia Provincial, por otra parte, han validado la instrucción en numerosas ocasiones. Ya hay cinco condenas firmes, por las piezas relacionadas con el Teatro insular, la casa de Los Rostros, la licencia al arquitecto Carlos Morales, el caso de Rodríguez Batllori y la empresa Proselan y esta sería la sexta.

También hay una condena por el caso de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife en primera instancia. El acuerdo complica el recurso de casación de los condenados por esa pieza, basado en gran parte en supuestos defectos en su inicio.