La deportación a Mauritania de varios grupos de malienses llegados a Canarias en patera, a pesar de ser potenciales solicitantes de asilo por su origen, ha puesto el foco en su país, una de las naciones más pobres del mundo, castigado por el yihadismo y envuelto desde 2012 en un conflicto interno que ha dejado unos 201.000 desplazados internos.

La escalada de violencia en Mali hizo que ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, emitiera en julio de 2019 nuevas directrices en las que insta a los estados a brindar protección internacional a quienes huyen de un conflicto en un país, según Intermon Oxfam, con 4,3 millones de personas con necesidades humanitarias y 1,1 millones con inseguridad alimentaria.

La periodista y profesora africanista de la Universidad Internacional de Rabat, Beatriz Mesa, explica, en una entrevista con Efe, cómo Mali ha vivido inmerso en "constantes crisis" desde su independencia en 1960 debido las sucesivas insurgencias que se han producido en el norte, de carácter secesionista.

Se trata, señala, de "movimientos políticos que recurren a la violencia armada para reclamar una serie de derechos que tienen que ver con su región Azawad y con su identidad, la tuareg".

Sin embargo, fue en 2012 cuando se desató una crisis "importantísima" en el norte de Malí que, según esta periodista especializada en África, trasforma toda la región del Sahel.

Bajo el contexto de la Primavera Árabe, jóvenes tuaregs, especialmente tuaregs de Libia que vivían bajo el amparo de régimen de Gadafi, recuperaron las armas y regresaron a Malí para iniciar un nuevo proceso de insurgencia contra el gobierno.

La insurgencia que desestabiliza el Sahel

Los movimientos armados árabes y tuaregs se unieron a los yihadistas para ocupar las principales ciudades del norte de Mali, una unión que, según Mesa, "puso en alerta a las autoridades malienses ante una pérdida de soberanía territorial" que desencadenó en una llamada de socorro a Francia, "pidiendo colaboración ante esa bifurcación no sólo de carácter yihadista, sino también de independentistas".

A principios de 2013, Francia inició una intervención en la zona. Desde la Unión Europea se comenzó a planificar una serie de estrategias y mecanismos de seguridad para hacer frente a la criminalidad organizada y al terrorismo de carácter yihadista.

El profesor de Relaciones Internacionales de la UNED Carlos Echeverría reconoce que Naciones Unidas, la UE y Francia están tratando de "dar solidez al estado para que salga adelante, pero la situación es complicada y el apoyo internacional no es suficiente para enderezarlo".

Echeverría enumera factores sujetos a la desestabilización del país vinculados con las relaciones intercomunitarias, "junto al terrorismo, que sigue siendo una amenaza importante, el impacto del cambio climático, el desempleo o el crecimiento demográfico".

"El conflicto de Malí es la fuente de desestabilización de toda la zona del Sahel", advierte Beatriz Mesa, quien apunta cómo el conflicto se ha ido propagando a la zona central, a ciudades como Mopti, y al sur, mientras el norte "está en manos de los grupos secesionistas a la vez que aquello por lo que Francia intervino, la recuperación territorial, no ha logrado alcanzarse".

Crisis humanitaria

Intermon Oxfam trabaja en el país desde finales de la década de 1960. En 2013, lanzó su programa regional Mali+3, con el objetivo de proporcionar una respuesta de emergencia a las personas más vulnerables afectadas por la crisis en el norte del país.

Amélie Gauthier, miembro del equipo humanitario de Intermon, explica a Efe cómo la intensificación de ataques por parte de grupos armados ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares.

El acceso a los centros de salud se ha visto afectado y el cierre de escuelas ha dejado a unos 330.000 niños sin acceso a la educación debido a que, según Gauthier, "estos lugares y su personal son, a menudo, blanco de grupos armados". 

Además, la práctica de la ganadería y la agricultura "se ha hecho difícil o imposible debido al desplazamiento, la inseguridad y las medidas de seguridad adoptadas por los estados, lo que hace que miles de personas dependan de la ayuda humanitaria cuando la financiación disponible es muy limitada y el acceso a las poblaciones cada vez más restringido”.

Hacer llegar la ayuda humanitaria a la zona supone un desafío debido a hostilidades de los grupos armados, tensiones intercomunitarias, delincuencia y la presencia de artefactos explosivos improvisados.

"Si bien el conflicto en Malí ha existido desde 2012, ha habido un marcado deterioro en la situación humanitaria desde finales de 2018 y el número de personas desplazadas continúa creciendo, especialmente en Burkina Faso", alerta esta cooperante.

Devoluciones a Mauritania

El Gobierno español ha organizado desde Canarias al menos cuatro vuelos a Nuadibú desde junio de 2019 para devolver a Mauritania a inmigrantes que salieron o transitaron por ese país, un grupo importante de Malí.

Hace solo unos días, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que las devoluciones respetan las leyes y el derecho internacional, pero la entrega de malienses a Mauritania ha desencadenado la denuncia del Servicio Jesuita de Migrantes y de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), que tienen información de que Mauritania luego expulsa a Mali a los nacionales de ese país.

El catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, Javier de Lucas, apunta cómo en los ciudadanos que huyen de Malí hay "elementos verosímiles para pensar que estas personas tienen derecho a la protección internacional por la situación de guerra civil y de persecución que vive el país".

Considera que el Estado español es "responsable" de la situación de esas personas en el momento en el que se les expulsa e insiste en que "no se puede devolver a un lugar en el que faltan garantías de Derechos Humanos", en alusión a Mauritania.

El catedrático va más allá y apunta, incluso, cómo el riesgo se eleva al poder ser estas personas devueltas a Malí, "lo que chocaría con el 'non refoulement', un principio básico de derecho internacional humanitario en materia de refugiados que exige que ninguna persona sea devuelta al país del que huye y donde su vida corre peligro, principio con el que parece que no se está cumpliendo".

De Lucas reconoce que las devoluciones Mauritania tienen, en principio, una cobertura jurídica en base al acuerdo bilateral de España con ese país en materia de migración, pero "eso no puede hacernos olvidar que las expulsiones no pueden ser colectivas porque está prohibido por el Convenio del Protocolo Europeo de Derechos Humanos", por lo que "habrá que ver si han sido colectivas o si ha habido expedientes individualizados, que es lo que exige la ley".

Además, concluye, Mauritania tiene una situación "como mínimo cuestionable", en el sentido de que "no es un país en el que existe el mínimo de garantías de que las personas que son entregadas a él van a ver respetados sus Derechos Humanos".