España devolvió este lunes a Mauritania desde Tenerife a medio centenar de inmigrantes irregulares llegados a Canarias en patera, en el tercer vuelo de estas características que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) fleta desde las Islas desde que comenzó 2020.

El vuelo tuvo de nuevo como aeropuerto de destino Nuadibú, según ha adelantado TVE en Canarias, y fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a Efe que estuvo supervisado como los dos anteriores por personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Por el momento, el personal de ese organismo no ha publicado ni el resumen de su actuación ni los comentarios o recomendaciones que suele hacer en estos casos cuando lo considera procedente.

Pero las fuentes del Defensor del Pueblo consultadas por Efe sí confirman la ruta del vuelo, Tenerife Norte-Nuadibú; la fecha, ayer lunes 17 de febrero; y la cifra aproximada de medio centenar extranjeros expulsados a Mauritania desde Canarias.

Todo ello se lleva a cabo bajo el paraguas de un acuerdo bilateral firmado en 2003, por el que Mauritania acepta que España le devuelva a cualquier inmigrante que haya llegado irregularmente a las costas de Canarias, con independencia de su nacionalidad, si ha salido de ese país o simplemente ha transitado por su territorio.

En enero, se hicieron otros dos vuelos de ese tipo, ambos a Nuadibú: el primero el día 20, desde Gran Canaria, con 46 personas expulsadas (34 malienses, siete mauritanos, cuatro senegaleses y un marfileño); y el segundo el 27, desde Tenerife Norte, con 42 personas (38 malienses, tres senegales y un mauritano).

Esos dos vuelos han sido puestos en tela de juicio por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Servicio Jesuita a Migrantes, por el hecho de que la mayoría de los extranjeros devueltos a Mauritania en ellos proceden de Mali.

En una instrucción publicada en julio de 2019, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que pide a todos los estados que ofrezcan protección a los malieneses y recomienda que, en ningún caso, se les devuelva a su país de origen, porque considera que ninguna parte del territorio de esa nación del Sahel resulta segura, dadas las condiciones de violencia e inestabilidad.

Las ONGs que han criticado estas expulsiones reconocen que España se limita a devolver inmigrantes a Mauritania, pero advierten de que puede estar incumpliendo de forma indirecta las recomendaciones de la ONU, porque les consta que luego Mauritania expulsa a los malienses que recibe desde Canarias a Mali.

Preguntado por este asunto la semana pasada precisamente en Canarias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que las devoluciones a Mauritania se hacen respetando la legalidad española e internacional y los Derechos Humanos.