La diputada regional de Nueva Canarias (NC) Esther González ha advertido este viernes de que más de 39.000 menores se pueden quedar sin transporte escolar al inicio del curso 2020-2021, pues el contrato correspondiente finaliza el próximo 31 de agosto.

Por ello Esther González ha solicitado a la consejera de Educación, Manuela de Armas, que "viabilice" con urgencia los nuevos expedientes de contratación, indica NC en un comunicado.

Las empresas implicadas han recibido una notificación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en la que les pide una “solicitud de compromiso para la continuidad” del servicio, añade NC.

En esta circular, según Esther González, se les dice a los transportistas que “no se pueden prorrogar más” los contratos que vencen el próximo 31 de agosto y que “no han tenido tiempo de hacer una nueva licitación”.

Pero además es “inaudito”, critica, que este departamento gubernamental “les plantee que sigan prestando el servicio sin contrato”, alegando “transitoriedad y proporcionalidad” a la necesidad.

Esther González asegura que la “alarma y sorpresa” causada en el sector ha sido “enorme” ya que, hasta la semana pasada, en las conversaciones en curso con la Consejería "se les aseguró que no habría problema alguno” con los contratos para el transporte escolar.

“No es una cuestión sobrevenida” por el coronavirus ya que se sabía con anterioridad que vencían sin posibilidad de acudir a más prórrogas, y la portavoz del grupo nacionalista progresista denuncia que, “a día de hoy”, a tres semanas de que se inicie la enseñanza presencial, “no hay transporte escolar porque se acaba el próximo 31 de agosto”.

Los primeros afectados, avisa esta dirigente de NC, serán los 39.136 estudiantes menores que necesitan este servicio y están distribuidos en 550 centros educativos públicos, según se detalla en las instrucciones y recomendaciones de la dirección general de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa para la organización y gestión de este servicio, publicadas el pasado mes de julio.

En ellas, también se especifica que los servicios de transporte incluyen 1.389 rutas.

Para la portavoz nacionalista, “no se puede ofrecer” este servicio público con las “condiciones que exige” Educación y recuerda que este sector aglutina a 170 empresas y 10.000 trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE), de momento vigentes hasta el próximo 30 de septiembre.

Una realidad que ha llevado a esta portavoz parlamentaria de NC a demandar reiteradamente al Ejecutivo canario que “haga frente a sus responsabilidades para evitar el cierre” empresarial.

González dijo que fue el pasado mes de junio cuando se acabaron de pagar los servicios prestados hasta el pasado mes de marzo.

Esta semana pasada, añadió, se cerró un acuerdo “bastante insatisfactorio y por angustia vital” sobre las indemnizaciones previstas por el cese de actividad por causas ajenas a los transportistas. Con la “excesiva” burocracia que conlleva el referido acuerdo, “a ver cuándo les pagan”, se cuestionó Esther González.

Tampoco se puede olvidar, agregó, que los contratos en vigor prorrogados desde su primera adjudicación en 2005 “nunca” se han actualizado en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni han contemplado las actualizaciones del salario mínimo interprofesional que reciben, entre otros, los acompañantes de los escolares que lleva cada guagua.