El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se reunieron con representantes de la Asociación para la defensa de las pensiones públicas de Canarias. La entidad denuncia el aislamiento que sufren las personas mayores y con discapacidad, que se ven obligadas a estar residenciadas, no solo en los centros, sino en sus propios domicilios, las conocidas personas en soledad, y que con el estado de alarma se han visto desatendidas y aisladas por falta de preparación y coordinación de las administraciones. Por ello, la Diputación del Común ha decidido investigar sobre la situación vivida en algunos geriátricos y centros de personas con discapacidad durante la pandemia.

Como asociación han mostrado su preocupación por la falta de información, que aumenta el estado de incertidumbre de estos colectivos y de los particulares afectados, que denuncian no tener acceso a datos claros y concisos sobre cuántas plazas residenciales existen en la Comunidad Autónoma, y cuántas corresponden a listas de residencias privadas, concertadas o públicas, así como al número de personas desatendidas durante la cuarentena y que ha desembocado en el fallecimiento de estas.

Por ello, piden dar visibilidad a los errores que se han dejado ver con la pandemia y  para “los que no se está preparados y que habrá que solventar para un futuro, o la aparición de estos errores ya conocidos pero que hasta ahora no han sido tratados por el sistema”. De igual forma, señalan el particular caso de Tenerife, para el cual piden un mayor control público, al ser “el 95% de las residencias privadas, frente a un 5% que son públicas”.

Yanes afirma que “siempre que exista una gestión privada, debería haber una inspección real y transparente que controle, en este caso, este tipo de centros, ya que estamos hablando de la vida de los más vulnerables, que en este caso son las personas dependientes”.