La asociación Entremares ha solicitado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que de instrucciones a todas las administraciones para que garanticen y no obstaculicen el acceso a la asistencia sanitaria primaria o especializada a ningún migrante ante la situación de alarma sanitaria por el coronavirus.

Esta asociación de Fuerteventura dio a conocer la semana pasada la memoria del Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM) de 2019 donde se recogen la realización de numerosas consultas relacionadas con sanidad.

La mayor parte de ellas tenían que ver con "la vulneración" en Fuerteventura del derecho a la asistencia sanitaria gratuita reconocida a la población inmigrante en situación irregular y a todas las personas en los casos de urgencias, menores y embarazadas.

Entremares denunció en la rueda de prensa de presentación de la memoria que se siguen facturando las urgencias tanto en los centros de salud de la isla como el hospital a pesar de la modificación del decreto 16/2012 que busca recuperar la sanidad universal.

Por otro lado, Entremares ha indicado, en un comunicado, que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros afectan sobre todo a las personas que más dependen de las gestiones de la administración.

En el caso de los inmigrantes, que ya enfrentaban antes de esta crisis la falta de medios para asumir sus procesos, su situación se verá notablemente agravada, han alertado desde la organización. 

Entremares ha llamado la atención sobre la ralentización de la administración, que "están sufriendo y sufrirán, a medida que pasen los días,  los inmigrantes que, tras años en la irregularidad, tenían por fin la posibilidad de adquirir sus papeles".

En este sentido, han recordado que, sin documentación, el inmigrante puede ser expulsado, no puede optar a un empleo formal o alquilar una vivienda, mientras que los que ya estaban regularizados y necesitan renovar sus permisos se enfrentan, entre otras cosas, a que sus bancos les cancelen las cuentas por falta del documento en vigor.

Además, apuntan desde la asociación que, sin una tarjeta de residencia vigente, tampoco podrán retornar a España si necesitan viajar, cobrar la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo, así como cualquier tipo de ayuda social municipal.

En Entremares, también tienen constancia de que muchos de los inmigrantes que llegaron a Canarias y, en particular a Fuerteventura, en los últimos meses, han abandonado la comunidad autónoma para dirigirse a la península con el objetivo de poder desplazarse hacia los países donde se encuentran familiares y amigos.

La organización cree que algunas de estas personas se habrán visto afectadas por la medida gubernamental del cierre terrestre de la frontera española por lo que han hecho un llamamiento a las instituciones y las ONG que trabajan con estos colectivos en los territorios fronterizos para que habiliten medidas de acogida para estas personas. 

Entremares ha mostrado su apoyo a todas las medidas adoptadas por el Gobierno de España destinadas a la protección y la lucha eficaz contra esta situación de emergencia sanitaria.

Sin embargo, ha apelado a la responsabilidad del Gobierno del Estado con los sectores sociales más vulnerables, entre ellos la población inmigrante, para que a la hora de tomar las medidas sociales, sanitarias, administrativas y de cualquier otra índole, se valore y se tenga en cuenta.