El Grupo Podemos en el Cabildo de Fuerteventura ha expresado su "asombro e indignación" tras comprobar en el último pleno, celebrado el lunes, la "nula voluntad" del Gobierno insular de “garantizar el cumplimiento de ciertos derechos sociales y el respecto de valores medioambientales en los procesos de contratación pública”.

“Tras seis meses para estudiar la propuesta, lo único que han demostrado es que su preocupación por el bienestar de los vecinos de la isla es inexistente, más allá de la construcción de proyectos faraónicos y megalómanos como el Palacio de Congresos, Tindaya o el Barranco de los Canarios", se ha lamentado el consejero Gustavo García.

EL consejero hace referencia en sus declaraciones a la moción presentada por el Grupo Podemos que proponía incorporar cláusulas de contenido social y medioambiental en los procedimientos de contratación pública promovidos por la Corporación insular, como política de responsabilidad social y de creación de empleo entre los sectores en situación de vulnerabilidad o exclusión sociolaboral.

Según explica García, hace seis meses, la primera vez que quisieron llevarla a pleno, “el Gobierno intentó poner en duda su legalidad, y tuvo que ser el Secretario del Cabildo quien la confirmara”.

“Ahora, al calor de los problemas que el propio Cabildo ha tenido en los últimas semanas con dos empresas subcontratadas, el centro de reciclaje de Zurita y la empresa de seguridad Marsegur, de cuyos servicios ha tenido que prescindir, Podemos decidió volver a presentar la moción, que ha sido finalmente rechazada”, señala el consejero.

Según se explicaba en la iniciativa, “la actual normativa estatal y comunitaria no deja lugar a dudas en cuanto a que la contratación pública es un ámbito adecuado para desarrollar políticas sociales”. Así, según Podemos, “introducir criterios de responsabilidad social es compatible con los principios de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público”.

“Lo que ocurrió en el salón de plenos no deja”, en opinión de García, “lugar a dudas sobre el nulo interés del Gobierno por estas cuestiones". "Previamente intentaron que aceptáramos una enmienda que no era tal sino la sustitución de nuestra propuesta por otra que ni nosotros, ni la oposición, ni los propios consejeros del Gobierno como llegaron a reconocer, había podido estudiar antes, y que tenía desde luego un alcance mucho menor, no contemplaba algunos colectivos sensibles ni la obligación de mantener estas garantías laborales y medioambientales en caso de que la empresa concesionaria subcontratara estos servicios", explica. Finalmente, votaron en contra.

Contratar con entidades sociales y solidarias

Cabe recordar que entre los criterios que Podemos proponía incluir se especifican algunos como reservar determinados contratos a entidades sociales y solidarias que tengan por objeto la integración sociolaboral de personas en situación de riesgo o exclusión social, como empresas de inserción, centros especiales de empleo de personas con diversidad funcional o centros ocupacionales.

Podemos también pedía dar prioridad a la integración sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social, como que la empresa adjudicataria emplee en la plantilla a miembros de familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social, entre otras medidas.