Sus empresas “no pagan” a los trabajadores ni cumple con los convenios, destaca la formación morada
Podemos pide que las administraciones dejen de contratar con el grupo de Miguel Ángel Ramírez
Sus empresas “no pagan” a los trabajadores ni cumple con los convenios, destaca la formación morada
El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, y el portavoz del partido en el Parlamento canario, Manuel Marrero, han instado este jueves a las administraciones públicas de las islas a que dejen de contratar servicios con el grupo Ralons, de Miguel Ángel Ramírez.
"No sabemos el motivo por el cual las administraciones públicas siguen aprobando contratos públicos con Miguel Ángel Ramírez, cuyas empresas no pagan los salarios a los trabajadores, no cumplen con los convenios colectivos y no cotizan ni a la Seguridad Social ni a Hacienda”, ha afirmado Rodríguez, en un comunicado.
Por este motivo, el grupo parlamentario de Podemos planteará al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres (PSOE), una pregunta en la próxima sesión de control al Ejecutivo sobre "qué va a hacer en el futuro" su gabinete "con respecto a estas empresas que no están cumpliendo con los trabajadores".
“El Gobierno debe adoptar alguna medida, porque lo que no puede ser es que haya 400 trabajadores y trabajadoras, y sus respectivas familias, que lleven seis meses sin cobrar y que están en absoluta precariedad, hasta el punto que ni siquiera pueden ir a trabajar porque no tienen ni para pagar la guagua”, ha insistido Marrero.
Rodríguez y Marrero se reunirán con representantes sindicales de los trabajadores del Grupo Ralons, que iniciaron el jueves una huelga, pues ambos representantes políticos consideran que "no puede ser que la precariedad y el sufrimiento de la gente de Canarias esté, encima, financiada con dinero público".
Marrero recuerda que se trata de personas que trabajan "en centros de salud de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud o en colegios de ayuntamientos como, por ejemplo, el de Arico (Tenerife)" y ha incidido en que "las administraciones deberían estar mucho más rápidas para solventar un asunto que se viene arrastrando desde hace muchos años".
"Es una anomalía con la que hay que acabar que el dinero público se entregue a empresas que luego no cumplen con sus trabajadores”, concluye Marrero.
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