El grupo Podemos ha presentado en el Cabildo de Fuerteventura un total de 112 enmiendas al presupuesto elaborado por el grupo de gobierno por importe de tres millones de euros. Una parte importante, según destaca el portavoz, Andrés Briansó, están destinadas a mejorar la inversión en la consejería de Bienestar Social para, por ejemplo, garantizar el suministro de agua y luz a familias en riesgo de corte de suministros o mejorar los convenios con los ayuntamientos en materia de emergencia social. Ambas propuestas, por cierto, se recogen a partir de las demandas expresadas por los trabajadores sociales municipales, según subraya el portavoz.

Entre el más de un centenar de enmiendas, Podemos también propone aumentar los fondos para los planes de ayuda a la drogodependencia y al fondo de emergencia sobre violencia de género. Y se muestra muy crítico con la desaparición de la Oficina Antidesahucios que nunca llegó a activarse “por estar mal planteada al no contar con las necesidades de los afectados”, asegura Briansó. “Proponemos mantener esta oficina pero otorgándole un destino definido, para llegar a las familias afectadas mediante establecimiento de planes específicos de realojo, pobreza energética y de ayudas al alquiler”, detalla.

Del mismo modo plantean la necesidad de incrementar las colaboraciones económicas con determinadas asociaciones para que puedan desarrollar su importante labor durante todo el año y de una forma “digna y adecuada”,  como son los casos del Servicio de Atención al Inmigrante desarrollado por la Asociación Raíz del Pueblo y el Plan Insular de Diabetes por Amadi entre otras.

Proponen doblar el presupuesto de la Consejería de Igualdad, “que hasta ahora está siendo tristemente infravalorada”, para tener fondos suficientes para incorporar una técnico, crear el Consejo Insular de Igualdad e invertir en sensibilización y formación.

En cuanto a los fondos destinados a cooperación al desarrollo, Podemos propone recuperar el espíritu del 0,7 por ciento -una idea respaldada por la ONU sobre la posibilidad que las zonas ricas aportasen un porcentaje de su PIB a los países del Sur- pero lo reduce al 0,07 por ciento “con tal de llegar a un acuerdo que permita incrementar los fondos que destinamos a la mejora de las condiciones del pueblo saharaui u otras comunidades de nuestra vecina África”, sentencia.