El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy en el Parlamento el papel de lo público como garante de la prestación de servicios básicos -especialmente en momentos de crisis- y rechazó cualquier recorte de este tipo en el Archipiélago.

Rodríguez, que compareció para explicar la política fiscal del Ejecutivo, reiteró que Canarias no subirá impuestos ni reducirá el gasto ni despedirá a empleados públicos a consecuencia de la crisis actual, cosas que sí hicieron los diferentes gobiernos durante la crisis la pasada recesión.

El vicepresidente indicó que este año no solo no se producirán recortes de gasto público, sino que, al contrario, se incrementarán las partidas sociales con respecto a las consignadas en los Presupuestos al menos en 400 millones de euros.

Rodríguez explicó que para financiar esas políticas en un escenario de reducción drástica de ingresos tributarios, el Ejecutivo apuesta por la movilización de los ahorros acumulados en años anteriores, tanto de la propia Administración autonómica como de las corporaciones locales.

Precisamente, Gobierno, cabildos y ayuntamientos canarios han cumplido con las reglas fiscales y disponen de unos 4.000 millones de euros en ahorros generados en la última década, “ahorros que deben ser puestos al servicio de la sociedad canaria, pero necesitamos autorización para ello”, dijo.

El vicepresidente recordó que ya se ha abierto una brecha en la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la autorización del Estado a Canarias para utilizar el superávit de los años 2019 y 2018, que asciende a 389 millones de euros, “pero que queremos que se haga extensiva a los 500 millones de la sentencia del convenio de carreteras y también al dinero de remanentes y de superávit de las corporaciones locales”.

Con estos recursos se podría hacer frente este año a la caída de la recaudación por el parón de la actividad económica, estimada en más de 1.500 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: 240 millones los ayuntamientos, 390 millones los cabildos y casi 1.000 millones el Gobierno.

A este respecto, Rodríguez precisó que entre enero y mayo la Comunidad Autónoma ha recaudado por el IGIC 520,5 millones de euros, un 31 por ciento menos que en 2019.

De cara al próximo año, el vicepresidente insistió en la necesidad de que Canarias reciba, para mantener el esfuerzo en el gasto público, las correspondientes transferencias del Estado y de la Unión Europea, lo que unido a la actualización de la financiación autonómica y, solo si fuera necesario, al endeudamiento, permitiría al Archipiélago hacer frente a la situación.

Desde esa perspectiva, los Presupuestos autonómicos se sustentarán en la defensa del Estado del Bienestar y, por tanto, se mantendrá el gasto para preservar los servicios esenciales, proteger a las familias, estimular la inversión y apoyar a los sectores productivos del Archipiélago.

Fiscalidad en el sector turístico

Rodríguez también compareció a petición del Grupo Socialista para atacar la economía sumergida en el sector turístico, focalizada especialmente en el subsector del alquiler vacacional.

El vicepresidente, que valoró el carácter insustituible del sector turístico en la economía canaria, señaló que le regulación de esta modalidad depende en esencia de los cabildos y los ayuntamientos y que, en el marco de ese proceso, habrá de articularse la fiscalidad adecuada.

En cualquier caso, Rodríguez aseguró que “lo que queremos es facilitar la competencia legal entre todos los formatos que intervienen en la industria turística, y, por tanto, que toda la oferta, que en muchos casos está fuera de la legalidad o que se realiza de manera habitual sin la suficiente cobertura legal, se legalice, cotice, pague sus impuestos, reúna unos mínimos de calidad y favorezca los derechos de los consumidores”.

El vicepresidente recordó también los pasos que está dando la Consejería de Hacienda para reforzar el papel de la Agencia Tributaria Canaria, con el desarrollo de un plan que abarca no solo el incremento de los medios humanos y materiales, sino también nuevas acciones para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

“Se trata básicamente de ampliar la base de los contribuyentes, que es la mejor política fiscal, y de facilitar el pago a los que lo hacen y de perseguir a los incumplidores”, dijo.