El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife ha declarado que el Ayuntamiento de la ciudad no tiene la obligación de devolver a la empresa Inversiones Las Teresitas las once fincas del frente de la playa que fueron objeto del contrato de compraventa anulado en los litigios a los que dio lugar esa operación.

Inversiones Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife firmaron en 2001 un contrato de compraventa de varias parcelas del frente de la playa por un valor de 52,58 millones de euros, acuerdo que fue anulado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Supremo en una sentencia a la que más tarde se sumó otra de la Sala de lo Penal que estableció que la operación resultó delictiva y que el Consistorio fue perjudicado por esos hechos.

Posteriormente la empresa participada por los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia reclamó la liquidación de las consecuencias de la nulidad declarada por el Supremo respecto del contrato de compraventa de las parcelas del frente de la playa.

La sentencia civil conocida este lunes declara que como la nulidad de la compraventa proviene de una causa ilícita, un delito, no imputable al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, este no tiene obligación de devolver a Inversiones Las Teresitas el objeto del contrato (once fincas del frente de la playa) y se mantiene la titularidad municipal de las mismas.

Agrega el fallo que todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil de la entidad ILT SL, declarada en la sentencia de 26 de marzo de 2019 dictada en el procedimiento penal.

La sentencia conocida este lunes recuerda que en el fallo penal se declaró la ilicitud de la causa del contrato al haberse acreditado la existencia de delito de los intervinientes en el mismo y se condenó a Inversiones Las Teresitas como responsable civil por haberse lucrado de los efectos del delito (receptación civil), a la devolución de las cantidades recibidas del Ayuntamiento en concepto de precio de la compraventa, con sus respectivos intereses.

Además recuerda que la Sala de lo Penal del Supremo, además de declarar al Ayuntamiento como perjudicado, obligó a esta empresa, así como al resto de los condenados, a pagar de forma solidaria, al Consistorio la cantidad entregada como precio más los intereses.

Agrega que tanto la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife como el Tribunal Supremo han declarado que el Ayuntamiento no ha sido autor de ningún delito en este litigio, sino perjudicado por el mismo, y que Inversiones Las Teresitas se lucró del negocio, siendo condenada a responder civilmente junto con los restantes condenados.

Esta operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas ha provocado varias sentencias judiciales al estimar que el Ayuntamiento pagó por la compra de esas once parcelas, un valor superior al tasado por los técnicos municipales.

En la causa penal fueron condenados con penas de prisión, entre otros, el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, que falleció en prisión.