El interventor de Tías ha presentado un reparo al pago de las horas extraordinarias de la Policía Local y suspende la tramitación del expediente hasta que “la discrepancia no haya sido expresamente levantada mediante resolución de alcaldía”. No obstante, advierte de que si se aprobara esa resolución se podría considerar “como mal uso de las arcas públicas”.

El informe tiene que ver con las gratificaciones por horas extraordinarias prestadas en 2019 por la Policía Local en la nómina de noviembre, pero expone los pagos que se han estado haciendo a los agentes desde el año 2013.

En primer lugar, Intervención argumenta que todas las horas extraordinarias deben estar previamente autorizadas y para ello “es necesaria la previa justificación de su necesidad así como la previa fiscalización y comprobación de existencia de crédito”.

Señala que, en diciembre, ha tenido conocimiento de la existencia de un “pacto o acuerdo” suscrito a finales de 2018 entre el entonces alcalde, Pancho Hernández (PP), y los representantes sindicales de los funcionarios para la distribución del calendario laboral para 2019, y que ese pacto es reiterativo desde 2013, “habiéndose suscrito por otros miembros del grupo de gobierno”, en el que se han aplicado índices correctores a la jornada laboral cuando prestaban servicios en horario nocturno o festivo.

Para 2019, las horas de las jornadas festivas cuentan como 1,70 y las nocturnas como 1,30 para la equiparación del cómputo de horas anuales efectivas. En 2013, cuando se introdujeron por primera vez estos criterios se establecieron unos índices de 1,5 y de 1,25, respectivamente, “que se han visto incrementados paulatinamente”.

El informe pone de manifiesto que el Ayuntamiento, “debido a una serie de problemas existentes en los complementos no ajustados a legalidad de las nóminas de los miembros del cuerpo de la Policía Local, tramitó un expediente de valoración del complemento específico” que fue aprobado en pleno el 2 de abril de 2013.

En esa valoración había un factor como el de “jornada/dedicación, que permite graduar el nivel de intensidad y/o dificultad relativa en el desempeño del puesto, por razón del sistema de presencia en el trabajo, así como la dedicación al margen de la jornada ordinaria del trabajo”.

Gastos elevados

Desde que se pusieron en marcha estas gratificaciones, el gasto se eleva a 736.595 euros más el treinta por ciento del coste de la Seguridad Social, que arroja un coste de 957.573 euros, casi un millón de euros. Por años, ha ido creciendo desde casi 20.000 euros en 2003 hasta los 110.000 de 2017 y 231.000 este último año.

El interventor señala que la jornada de trabajo de los funcionarios locales en cómputo anual tendrá que ser, sin excepción, la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado por lo que deben realizar todos una jornada de 37,5 horas semanales o 1.642 horas efectivas anuales. Recalca el interventor que se puede negociar la distribución de la jornada pero no el cómputo.

En sus conclusiones, el interventor señala: “Esta Intervención no tiene conocimiento de que los pactos o acuerdos que se han venido aprobando con motivo del calendario hayan sido remitidos a los destinatarios referidos en el artículo 38.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) con lo que no ha podido haber examen del mismo” por parte de las autoridades administrativas.

Se estaría produciendo un fraude tanto al número de horas mínimas anuales que deben de cumplirse por parte del colectivo como por la “aplicación perversa” de índices correctores que trae como consecuencia inmediata la transformación de horas de trabajo ordinarias en extraordinarias

“Por otro lado -añade- tampoco se ha encontrado, por parte de esta Intervención, en los expedientes informe alguno del propio Departamento de Policía Local donde se hiciera patente las consecuencias que para el mismo tendría la utilización de dichos índices correctores” así como del sistema establecido en Tías que reducía, en principio, a 1.374 las horas anuales en vez de las 1.642 horas fijadas legalmente, “con la principal consecuencia posible que implicaría cuadrar los calendarios y jornadas de los agentes”.

Y continúa: “Igualmente la rúbrica anual de dichos pactos o acuerdos no ha sido tramitada con la oportuna fiscalización por parte de esta Intervención en lo que se refiere a la propia legalidad de lo convenido, así como vistas las muy importantes consecuencias económicas que revisten en cuanto a horas extraordinarias a abonar se refiere”.

En ese sentido, el interventor añade que el acuerdo no se ha ratificado “tal y como prescribe la norma, no pudiendo existir control alguno sobre el mismo por parte de los departamentos de Secretaría o Intervención”. Tampoco se ha tramitado “acto administrativo alguno aparejado al expediente que pudiera suponer la aprobación de la decisión de firmar tales pactos o acuerdos como voluntad municipal”, añade.

Según señala el interventor, tras analizar los costes de dichas gratificaciones “y su aumento por un lado y los índices correctores que se han venido aplicando a las jornadas de los policías”, “sin tener los cuadrantes reales de trabajo de los agentes que aglutinen lo que se considera jornada ordinaria de trabajo según turnos y las [horas] extraordinarias, parece resultar altamente probable que durante estos años se hayan estado abonando a la Policía gratificaciones por numerosas horas extraordinarias cuando las mismas se encontrarían dentro del propio cómputo de horas obligatorias que anualmente debieran alcanzar la cifra de 1.642”.

Por ello, el funcionario concluye que se estaría produciendo un fraude tanto al número de horas mínimas anuales que deben de cumplirse por parte del colectivo como a la “aplicación perversa de dichos índices correctores”, que trae como consecuencia inmediata la transformación de horas de trabajo ordinarias en extraordinarias y que estas “sean retribuidas de forma totalmente indebida”.

También se plantea el interventor la manera en que se han obtenido esos índices correctores y por qué se han aumentado, ya que “no existe ninguna justificación de tales coeficientes”. “Cabría igualmente plantearse si se podría, a través de pactos y acuerdos, por lo tanto, también establecerse índices correctores para empleados municipales de otros departamentos en base a elementos o factores ya incluidos dentro del complemento específico y redundándolos, como, por ejemplo, a los electricistas aplicarles índices correctores de 2,5 por la especial peligrosidad”, dice el informe.

Destaca que el mero hecho del cómputo de jornada como se ha venido haciendo produce “necesariamente el incumplimiento del cómputo de las horas anuales dispuestas estatalmente para el funcionario”.

10.000 euros por agente

Hay agentes que han cobrado hasta octubre cerca de 300 horas extraordinarias, lo que equivale a aproximadamente 8.100 euros de retribución bruta y unos 2.880 euros de seguridad social, cuando con el calendario y cuadrante que les correspondería no llegarían a las 1.642 anuales como jornada ordinaria. “Realmente estamos asistiendo a una subida de salarios encubierta para el departamento de policía municipal”, señala.

Por ello, añade, esos acuerdos revisten vicio de nulidad porque se han firmado obviándose totalmente el procedimiento correspondiente y porque la alcaldía no era competente para firmarlos.

El interventor incluso plantea que, si los acuerdos son nulos, habría que restituir las cantidades cobradas de forma indebida, “una vez se hubiera optado por parte de la corporación por proceder a la revisión de oficio”.

En los informes relativos a la nómina de agosto de 2018 y de junio de 2019 ya se hacía constar la falta de justificación, y de preparación y tramitación debida de las gratificaciones.