Treinta organizaciones no gubernamentales, integradas en la Coordinadora de acción social de Canarias han elevado este martes por la mañana al Parlamento de Canarias, registrando una carta, su preocupación por la gestión y reparto de los fondos autonómicos del IRPF.

Las asociaciones señalan en esa carta que año tras año se infravalora su trabajo y su dedicación “menospreciando con ello a todas las personas a las que ayudamos”. Consideran que el reparto de los fondos del IRPF es “injusto y desequilibrado”.

De un presupuesto de ocho millones de euros, seis de cada diez euros van a parar a dos de las organizaciones que se presentaron a la convocatoria. Aunque en la carta no se hace referencia a ellas, se trata de Cáritas y Cruz Roja.

La Coordinadora considera que varias de estas organizaciones se presentan también al IRPF nacional y en algunos casos también reciben fondos de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta; “y a esto se le suman las subvenciones nominativas que superan los 100.000 euros cada una de ellas”.

“No estamos en contra de aquellas seleccionadas en la convocatoria ni del trabajo que realizan - que de sobra sabemos que es muy necesario y que seguramente lo realizan muy bien y con mucha calidad. Consideramos de hecho, que sí necesitan ese dinero para desarrollarlo y que deben exigirlo, pero no a costa del resto de realidades”, señalan.

Aseguran que en la forma de reparto de estos fondos no se valora la labor y el trabajo de las asociaciones que son específicamente autonómicas y de medianas o pequeñas dimensiones.

También critican que la convocatoria se realiza tarde “y obliga a las organizaciones a adelantar y arriesgar unos fondos, que como hemos visto reflejados estos dos años, luego no es posible reponerlos con las subvenciones, abocando a muchas de ellas a trabajar con un déficit que en determinados casos implica tener que minimizar su intensidad o no realizar el proyecto de atención, generando situaciones verdaderamente dramáticas”.

La media de antigüedad de los proyectos presentados por estas treinta asociaciones es de 8,5 años, “por lo que hablamos de proyectos ampliamente validados y en ellos se atiende o pretendía atender a 28.639 personas que conviven con diferentes realidades sociales que además ahora se ven agravadas por la crisis sanitaria, social, económica y laboral que estamos viviendo y que desde el Gobierno de la Nación nos auguran como previsiblemente sostenida en el tiempo”.

De los casi tres millones de euros que pedían estas entidades, sólo se ha concedido un 3,12 por ciento a una única entidad, “dejando en desamparo al resto”. “Esta realidad – añaden - con datos objetivos y reales verificables, es absolutamente extensiva al resto de entidades de la convocatoria, ya que el 78,33 por ciento de los proyectos han sido denegados, argumentando en el 83,76 por ciento de los casos que lo ha sido por crédito insuficiente.

“Del resultado de la adjudicación en esta convocatoria del año 2019, la dinámica de trabajo de las pequeñas y medianas ONG,s ha quedado absolutamente herida; las personas a las que va dirigida nuestra atención, afectadas por graves problemas en distintas áreas como infancia, familia, mujer, diversidad ,inmigrantes, exclusión, mayores etc., son personas que cuentan con nuestros proyectos y las problemáticas con las que conviven. Hablando sólo de las 30 entidades firmantes, 222 personas verán afectados sus puestos de trabajo, bien por no poder renovar o mantener los contratos, bien porque no se pueden efectuar nuevas contrataciones”, dice la carta.

Cierre de servicios

Las asociaciones firmantes piden que se desarrolle la Ley de Servicios Sociales y sus decretos, con el fin de que se puedan acceder a los conciertos, necesarios para una estabilidad y calidad en los servicios que se desarrollan en la comunidad autónoma.

“Buscamos una respuesta más cercana y profesional que nos ayude a solucionar la problemática que estamos pasando en estos momentos. Necesitamos que consideren a cada uno de los colectivos con los que trabajamos igual de vulnerable que otros, que necesiten de nuestro acompañamiento y ayuda; si la Administración Pública, no nos apoya en estos momentos tan delicados, muchas de nuestras entidades, se verán abocadas a reducir e incluso cerrar servicios que hasta el momento han ayudado a muchos colectivos”, añaden.

Consideran que el funcionamiento de estas ayudas es “chapucero” y que incluso “hay proyectos presentados oficialmente que no aparecen en la resolución, datos cumplimentados en ésta que lo hacen de manera incorrecta confundiendo cuantía total del proyecto con cuantía solicitada, etc.”.

“Reivindicamos un trato de equidad, donde ninguna persona se vea afectada por esta situación, queremos concursar en igualdad de condiciones, que se nos escuche y se nos den alternativas para poder seguir asegurando el derecho a las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida.  Pedimos que se busquen soluciones reales al problema en el que han dejado a muchas ONGs, que trabajan con la sociedad canaria que tan mal lo están pasando en este momento. Exigimos que se articulen actuaciones eficaces a baremos desequilibrados, buscando la forma de competir de manera equilibrada y justa”, señala la carta.

“Las ONGs somos entidades de iniciativa social y fines humanitarios al servicio de las necesidades sanitarias y sociales que tiene la población más desfavorecida de nuestra sociedad. Respondemos a problemáticas que se escapan del marco administrativo, que deberían estar recogidas en el cumplimiento de la ley y que no lo están por la incapacidad de la Administración de atender la demanda real. Todas las personas que acuden a distintas ONGs necesitan de nuestro apoyo, asesoría y ayuda, así como prestación de diferentes servicios, generalmente, de manera urgente. Todas las ONGs somos importantes en situaciones en crisis. Todas trabajamos para mejorar la vulnerabilidad de las personas”, concluyen.