Un agente de Medio Ambiente ha destacado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas sobre los supuestos delitos cometidos en la construcción de la bodega Stratvs que la propiedad no tenía permisos para hacer edificaciones nuevas en el recinto, al estar ubicado en el espacio natural protegido de La Geria.

Este agente, que ha comparecido junto a otros dos en calidad de testigo en una nueva sesión de este juicio, que proseguirá este jueves en Lanzarote con los informes de los peritos, ha afirmado que la propiedad del complejo carecía de "calificación territorial" para hacer edificaciones anexas a la bodega.

Otro agente medioambiental ha ratificado que en noviembre de 2007 denunció al complejo Stratvs por las extracciones y los movimientos de tierra que detectó entonces en el recinto, donde se explanaba el terreno para hacer un aparcamiento a nivel de la zona de servidumbre del dominio público que ocupa la carretera de La Geria y se levantaba un muro de contención en una superficie de unos 3.000 metros cuadrados.

Este agente ha dicho que su denuncia y las de otros compañeros se registraban en el Cabildo de Lanzarote para que las remitiera posteriormente a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno canario.

Un tercer agente, que precintó el complejo bodeguero en 2012, ha llamado la atención sobre el hecho de que en el recinto "se habían retirado los usos tradicionales de la zona", es decir, los goros o paredes de piedra semicirculares, con las que se protegen del viento los cultivos de vid de La Geria, para hacer un portal de belén con una cascada y una noria.

En esta sesión del juicio del llamado caso Stratvs también ha declarado como testigo José Ramón Villalva, el redactor y director del proyecto industrial técnico de esta bodega, un trabajo que, según ha dicho, ejecutó, junto a su equipo, por encargo directo de su dueño, Juan Francisco Rosa, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel en esta causa.

Además de asegurar que durante su intervención en la bodega no conoció a su arquitecto, Miguel Ángel Armas Matallana, para quien el Ministerio Público interesa una pena de diez años de cárcel, Villalva González ha admitido que el proyecto básico del complejo preveía un sistema de saneamiento con una depuradora para aguas residuales, un elemento que luego se sustituyó por una fosa séptica con vertido posterior a un pozo filtrante.