Diversos colectivos de la Isla, liderados por la Coordinadora Montaña Tindaya, han puesto en tela de juicio el proceso de participación ciudadana en torno al nuevo Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). El Cabildo abrió un periodo de información pública para “recabar la opinión de los ciudadanos” sobre el “modelo territorial” del Plan y señaló que uno de los “objetivos” era la “implantación” de nuevos equipamientos y la “reactivación de sectores” y “actividades económicas relevantes”.

Aunque la institución señaló que se sometían “sus determinaciones” al “trámite de información pública”, el documento del Plan Insular que ya se ha analizado en los últimos meses en el Cabildo y que se presentó a los partidos políticos, sigue sin hacerse público.

Para los colectivos que han presentado alegaciones, “decir que esto es participación ciudadana es literalmente de una tomadura de pelo”. El documento difundido consta de solo tres páginas y carece de un plano. “Es ridículo y evidencia una total indefinición en las actuaciones permitidas, algo absolutamente irregular en este tipo de documentos”, señalan los ecologistas, que denuncian que se está impidiendo “la consulta efectiva” de las propuestas de ordenación que se han elaborado en los últimos meses por el equipo redactor contratado por el Cabildo.

Así lo denuncian, entre otras organizaciones, Agonane, Club de la Bici Verde, Fuerteventura Sostenible y Guanil. También varias asociación de vecinos de Puerto del Rosario y La Oliva han presentado alegaciones y consideran que “es imposible hacer propuestas sobre un documento que no tiene contenido concreto”.

Para la representante de la Coordinadora Montaña Tindaya, la urbanista Maica Román, el citado Plan es una falta de respeto a la ciudadanía, “ya que establecen un trámite de participación ciudadana con esa escasa documentación, por lo que se evidencia que no hay un interés real en fomentar la transparencia y la participación pública”. “Esta situación se verifica, principalmente, en el plazo establecido para dicha contribución, un periodo de 20 días, que además se hizo coincidir con las vacaciones de Semana Santa”, añade.

Los grupos ecologistas de Fuerteventura han solicitado que no se “quemen” más zonas vírgenes en la Isla, y que se consoliden y acaben las urbanizaciones turísticas existentes

El presidente de Agonane, Juan Antonio Cabrera, considera que “a través de este Plan, Blas Acosta, consejero de Política Territorial del Cabildo de Fuerteventura y también responsable de la cartera de Turismo, pone la ordenación del territorio en manos de los intereses turísticos y de las multinacionales del sector”.

Los grupos ecologistas de Fuerteventura han solicitado que no se “quemen” más zonas vírgenes en la Isla, y que se consoliden y acaben las urbanizaciones turísticas existentes. También piden “rehabilitar la planta alojativa obsoleta, la demolición de las obras abandonadas, la ejecución de las dotaciones y los equipamientos ya previstos y la conservación del litoral en zonas urbanas, como el área de Bristol en Corralejo, cambiando la mentalidad e incorporando espacios naturales dentro de las localidades urbanas”.

Otra de las medidas solicitadas por estos colectivos es el establecimiento de una ecotasa que revierta en el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural y natural de la Isla, así como establecer parámetros de control del número de visitantes en Fuerteventura.

Límites al turismo

En la actualidad, Fuerteventura cuenta con 73.957 plazas alojativas y están en trámite otras 9.414 más, lo que hace un total de 83.371 camas. Entre turistas que se alojan en la Isla y visitantes, Fuerteventura recibe a unos tres millones de personas al año.

La Coordinadora Montaña Tindaya considera que “esta situación es insostenible, dada la población actual de la Isla, 115.443 habitantes, y las previsiones de crecimiento de la planta alojativa”. Además, sostiene que “no deben señalarse nuevas zonas de desarrollo turístico, y que hasta que no se establezcan medidas correctoras y de control, que no se admita ni una cama más fuera de estos sectores ya establecidos y pendientes de consolidar”.

En sus alegaciones, piden también establecer medidas correctoras para determinados sectores turísticos, permitiendo que se compatibilice dicho uso con la conservación de los espacios naturales. En concreto, en los hoteles ubicados en Las Dunas de Corralejo, Tres Islas y Oliva Beach, y en los de la zona de Costa Calma, solicitan que se elimine la masa vegetal existente ajena a estos ecosistemas, en favor de otras especies autóctonas, más acordes con el medio y que permiten el paso de la arena. De tal manera, señalan, que se contribuya a revertir el deterioro que se observa en el parque dunar y en la Playa de Sotavento en Costa Calma.

Igualmente, solicitan eliminar apartamentos y edificios para abrir vías de paso de la arena, y no seguir generando pantallas de cemento que acabarán extinguiendo espacios protegidos como Las Dunas de Corrralejo y la lengua de arena de la Playa de Sotavento. Otra de las alegaciones ecologistas se concreta en solicitar el cumplimiento de las sentencias de demolición de urbanizaciones ilegales.

Regular la vivienda vacacional

Asimismo, las asociaciones medioambientales también piden establecer una regulación, control y limitación de las viviendas vacacionales, puesto que consideran que ya hoy en día suponen “un grave problema” en la Isla para que la población residente pueda acceder a un alquiler. “Los datos de este tipo de plazas ya son escalofriantes”, señalan los colectivos, que apuntan a que hay unas 2.059 y que se pueden incorporar al mercado más del doble. Solo en La Oliva se prevén más de 2.500 y en Puerto del Rosario más de 800, “con lo que se agravará el problema de manera exponencial”.

En el pasado, en el suelo rústico se ha permitido construir viviendas para que las familias majoreras pudieran tener  casa, “pero en muchos casos, como por ejemplo en Lajares y Villaverde se han convertido en villas vacacionales, haciendo la competencia a las de turismo rural”. La situación ha llegado a tal punto que los cuartos de aperos se alquilan también para turismo, señalan los ecologistas.

Recuperar gavias y regular el ganado

Para el sector primario, los ecologistas solicitan la regulación efectiva del ganado no estabulado, para frenar la desaparición de especies y el deterioro y la erosión de los suelos. Asimismo, piden la recuperación de las gavias abandonadas y medidas jurídicas de protección de las gavias, para impedir que sean urbanizadas.

“Las gavias dan lugar a un paisaje singular que da carácter al interior de la isla de Fuerteventura. Estas estructuras suponen un elemento de un gran valor paisajístico, pero no únicamente, por lo que es necesario recuperarlas no solo como elemento decorativo del paisaje sino por sus otros valores: hidrológico, edafológico, agronómico, forrajero, biológico y etnográfico”.

Proteger el Patrimonio Histórico

En la protección del patrimonio histórico insular, los grupos ecologistas consideran que existe una gran descompensación entre el patrimonio eclesiástico (28 ermitas e iglesias), y el patrimonio etnográfico, paleontológico y arqueológico. La Isla tiene más de 800 yacimientos catalogados, pero solo hay seis Bienes de Interés Cultural como zonas arqueológicas, y no existen Parques Arqueológicos.

La Coordinadora Montaña Tindaya exige “delimitar, al menos, aquellos BIC que lo son por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (como las estaciones de grabados rupestres) y proceder a la redacción y puesta en marcha de los Parques Arqueológicos prioritarios, como por ejemplo el de la Montaña Tindaya”. También solicitan aumentar la protección del patrimonio etnográfico.

Críticas al equipo redactor

Para los ecologistas no resulta ético que los miembros del equipo redactor del PIOF sean también responsables en la elaboración del Plan General de La Oliva, como es el caso del ingeniero Francisco González Jaraba. También recuerdan que en 2007 el despacho de Jaraba, a su vez redactor del Plan General de Mogán, en Gran Canaria, fue registrado por la Policía en la operación Góndola.

También critican que el técnico ambientalista del PIOF sea Rosendo López y señalan que se trata del biólogo que firmó el informe ambiental del Plan Parcial SAU 8, Faro del Tostón en El Cotillo, donde en tiempos de Domingo González Arroyo se pretendía construir cinco hoteles y un campo de golf, y que finalmente fue anulado por los tribunales. Está también implicado en un cambio de planeamiento en El Cotillo para permitir un hotel donde ahora hay un vial público.