Unas 6.000 personas, según la Policía Local de Puerto del Rosario, han reclamado este sábado en la calle una sanidad digna para Fuerteventura, después de que hace tres años se manifestaran por el mismo motivo y ver que este servicio público “sigue igual”, con promesas y sin hechos.

El 23 de septiembre de 2016 unas 15.000 personas recorrieron el centro de Puerto del Rosario para pedir más especialistas, como un oncólogo, ya que entonces la isla se vio sin ese facultativo.

También reclamaron un búnker de radioterapia para pacientes oncológicos, el fin de las obras del hospital, mejoras para los enfermos que tenían que desplazarse a los centros de referencia o acabar con las listas de espera.

Años después, asociaciones de Fuerteventura, junto a pacientes y familiares, han vuelto a salir a la calle ante la falta de respuestas de la Consejería regional de Sanidad.

La presidenta de la Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social (Aderis), María del Carmen Hernández, ha sido la encargada de leer el manifiesto.

Minutos antes de comenzar la manifestación, ha asegurado a los periodistas que, desde su asociación reclaman la operatividad del servicio de dependencia, ya que más de un centenar de personas están pendientes de valorar en la isla.

Su reclamación se une a la de otras asociaciones que coinciden en la necesidad de acabar con las obras del hospital, terminar las reformas de los centros de salud, incorporar especialistas y dotar a Fuerteventura de más recursos sanitarios, como un hospital geriátrico, una iniciativa que respaldan con su firma miles de personas.

Para Hernández, la sanidad en Fuerteventura está “peor” hoy que hace tres años, cuando 15.000 personas alzaron la voz para reclamar una sanidad digna en la isla. “Ahora estamos recogiendo las promesas incumplidas”, ha dicho.

En 2016, los casos de los enfermos oncológicos Julio Vila y Jacqueline Montero, quienes denunciaron que la isla carecía de especialistas en la materia y que fallecieron tiempo después, supusieron el germen de un movimiento que ha llevado a la convocatoria de las citadas manifestaciones de protesta.

Mario Sánchez, marido de Jacqueline, ha acudido a la que ha tenido lugar este sábado en la capital majorera para honrar la memoria de su mujer y la de otros que han quedado en el camino y para denunciar que después de tres años la “sanidad sigue igual”.

Miembros de las asociaciones convocantes de la protesta han portado pancartas con lemas como “por una sanidad digna” o “las listas de espera matan”.

A la cabeza de la manifestación se ha situado Lucas Vargas, un joven con encefalitis autoinmune con síndrome norse, una de las llamadas enfermedades raras, que le obliga a moverse en silla de ruedas y le impide hablar y apenas moverse.

El joven espera desde marzo de 2018 a ser evaluado como dependiente y su situación que se ha agravado desde que en marzo de este año se dejara de realizar estos informes en Fuerteventura por la baja de las dos profesionales que los realizaban.

Su mujer, Inma Alcaide, ha manifestado a Efe que en Fuerteventura “están dejando morir a la gente” por la falta de especialistas, recursos y las largas listas de espera.

Ayoze Vega, uno de los miembros convocantes de la protesta de esta tarde, ha dicho a Efe que en tres años “solo ha visto buenas intenciones y muy pocos hechos”.

Para Vega, “los representantes y cargos públicos en la isla y en el Parlamento han tenido en el olvido la materia sanitaria” y ha subrayado que está en sus manos, y no en la de los colectivos convocantes, solucionar la problemática.

El pasado jueves, la consejera regional de Sanidad, Teresa Cruz, visitó Fuerteventura para explicar a los representantes de las instituciones y a las asociaciones de pacientes las mejoras que el Gobierno de Canarias pretende llevar a cabo en 2020 en la isla.

Entre las promesas expuestas por Cruz figura la creación de una unidad hospitalaria de geriatría en el hospital, otra de hemodinámica, un búnker de radioterapia y que comiencen a prestar servicio en la isla desde el 1 de enero de 2020 un neumólogo y un oftalmólogo, además de una unidad de atención temprana para menores de edad.

Los compromisos adquiridos con el sector por parte de Cruz no han evitado que unos 6.000 majoreros hayan salido a la calle para exigir "menos promesas y más hechos".