Es difícil encontrar una causa penal como la de La Bufona, que tuvo dos principios y dos finales y que, sin embargo, aún no ha hecho más que comenzar veinte años después de su inicio. El Seprona denunció en 1999 unos movimientos de tierras en ese plan parcial a las afueras de Arrecife porque afectaban a suelo rústico de protección de jable. Manuela Armas, que era entonces la alcaldesa, ordena el precinto de las obras pero con su sucesora en el cargo, María Isabel Déniz, se levanta y las casas se construyen.

El caso se inició con esa denuncia del Seprona en 1999, pero las diligencias, misteriosamente, se perdieron. Así que la propia Guardia Civil volvió a iniciar las actuaciones y se originaron las diligencias previas 975/2000. En 2008 el caso pasó a procedimiento abreviado. El escrito de acusación de Fiscalía es del año 2011 y en 2016 se celebró la vista oral.

Primero el Juzgado de lo Penal y después la Audiencia condenaron al promotor y al constructor, Federico Echevarría y Antonio Caro, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, así como al derribo de lo construido sin título habilitante, una parte de 14 casas construidas en suelo rústico de protección ecológica: muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. Unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

En julio de 2018 la Audiencia ordenó repetir las actuaciones porque no se había llamado durante el procedimiento a los propietarios de las casas, que tras la sentencia pasan a ser perjudicados, que sí declararon en el juicio, pero como testigos.

Durante esa larga instrucción, el impulsor del caso, Gonzalo Murillo, cuya familia es la propietaria de parte de los terrenos donde se construyeron las casas, que han sido ocupados sin su permiso, solicitó de forma reiterada que se llamara a declarar a estos propietarios.

En el periodo de ejecución de sentencia, la Audiencia admitió un incidente de nulidad presentado por los propietarios y consideró que se les lesionaba un derecho fundamental ya que no se les había citado en el procedimiento como posibles responsables civiles.

Añadía que “cabría plantearse” si se ha llegado a esta situación “por propia voluntad y desidia” de los propietarios en defender su posición ya que “no les podía ser ajena la existencia del procedimiento aunque solo fuese por la trascendencia pública que ha tenido”.

Desde entonces, la nueva instrucción, la que comenzó hace dos años, tampoco ha avanzado mucho. No es que no hayan declarado todos los propietarios de las casas sino que muchos de ellos ni siquiera han sido llamados a declarar.

Federico Echevarría y Antonio Caro, promotor y constructor.

En estos veinte años, Murillo ha puesto toda una serie de quejas por la tardanza, que ahora ha vuelto a reiterar. Acaba de poner una ante el Consejo General del Poder Judicial precisamente porque no se ha llamado aún a alguno de estos afectados.

El denunciante destaca que la situación no afecta solo a las 14 casas que ocupan suelo rústico sino a todas las de la urbanización, que están fuera de ordenación. “Hay otras veinte que ocupan viarios, zonas verdes y aparcamientos públicos que están igual”, señala.

Al galimatías jurídico hay que sumar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que afecta a las actuaciones de la Agencia de protección del medio urbano y natural que había ordenado también el derribo de lo construido sobre suelo rústico en 2012 afirmando, además, que lo que está en suelo rústico es “manifiestamente ilegalizable”.

Las competencias en urbanismo en Arrecife son de la alcaldesa, Astrid Pérez, que está afectada directamente por el caso porque es propietaria

Esa sentencia dice que la Apmun no procedió a anular las licencias antes de decretar el derribo y, por tanto, anula esas actuaciones que, curiosamente, no se contemplaban en la licencia otorgada por el Ayuntamiento, según rezaba la sentencia del Juzgado de lo Penal.

Hay otra sentencia más que también se incumple. En 2009, el Tribunal Supremo anuló la modificación puntual del plan parcial y por tanto, el único plan que queda vigente es el de 1981, que no ampara las 52 casas que se han construido, ni por número ni por tipología ni por dimensiones. El Ayuntamiento de Arrecife lleva once años sin ejecutar esa sentencia.

A finales de junio Murillo puso otra queja ante el CGPJ. Y puso una tercera queja ante la Fiscalía, “que es la que debe velar por que se ejecuten las sentencias”, asegura. Murillo destaca que el Ayuntamiento de Arrecife nunca ha contestado a sus múltiples requerimientos y que ahora las competencias en urbanismo son de la alcaldesa Astrid Pérez, que está afectada directamente por el caso porque es la propietaria de una de las 14 casas que invaden el suelo rústico.

Los propietarios

Entre los propietarios de las casas, además de la actual alcaldesa, está el que fuera fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallares y el notario Celestino Mendizábal. Las casas son más grandes en la realidad que en los papeles, tanto en las licencias como en el Registro de la propiedad, donde figuran con una extensión de 96 metros cuadrados, cuando tienen más de 200, y ademas ocupan a franja de suelo rústico. En el juicio los promotores declararon que las ampliaciones de las casas.

Gonzalo Murillo, denunciante del caso de La Bufona.

El fiscal Pallarés dijo no tener “ni idea” sobre las diferencias de superficie entre su parcela en el Registro y el Catastro

Además del procedimiento penal y de un gran número de procedimientos administrativos y otros judiciales contenciosos, en estos años ha habido otros tres juicios en los que sí se ha cumplido la sentencia. Los tres iniciados por Pallarés por calumnias, uno contra el propio Murillo por un artículo que escribió en La Voz de Lanzarote denunciando los hechos y quejándose de que el proceso penal estaba paralizado y dos veces a Carlos Meca por sus viñetas en El Agitador. Meca perdió ambas causas y fue condenado a pagar 35.000 euros.

En el juicio de la Bufona, Pallarés declaró que compró la casa terminada, con el muro y el hueco de la piscina, “que se pagó aparte” y no se reflejó en la escritura y que él construyó una pérgola, una barbacoa, el pavimento y una ampliación de la cocina con licencia de obra menor. Sobre las diferencias de superficie entre su parcela en el Registro (384 metros cuadrados) y el catastro (546) respondió que no tenía “ni idea” del motivo.