La tercera pieza del caso Montecarlo, la primera de las que se deben juzgar de las relacionadas con el Ayuntamiento de Arrecife, ha quedado este jueves vista para sentencia en una sola sesión. Tres de los cuatro acusados han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado la solicitud de la pena por el desfalco de más de 300.000 euros entre los años 2008 y 2010 mediante la contratación a las sociedades Gestecal, Progestril y Recingest de pliegos de condiciones ficticios para obras o servicios que no se prestaron.

El empresario José Vicente Montesinos acepta una condena de tres años y cuatro meses de cárcel y el ex interventor, que era su socio, una de tres años y tres meses. Ambos están en prisión actualmente. Para el primero es su tercera condena y para el segundo la cuarta.

El tercer acusado es Javier Betancort, ex concejal en San Bartolomé, empleado y socio de Montesinos en aquella época y actual gerente de Lancelot Medios. Ha aceptado una condena de un año y medio de cárcel, que es su segunda condena por hechos similares.

El cuarto acusado, el abogado Federico Toledo, al que se le acusa de no defender los intereses del Ayuntamiento cuando estaba contratado por el Consistorio, ha defendido su inocencia y la Fiscalía le pide casi cinco años de cárcel.

Además, tanto Montesinos como Sáenz tendrían que abonar, cada uno, una multa de 150.000 euros, y serían condenados a ocho años de inhabilitación. En el caso de Carlos Sáenz, tuvo que abandonar el Ayuntamiento capitalino para cumplir pena de prisión por la causa Proselan, relacionada con el pago de facturas falsas. Todos tendrán que asumir la responsabilidad civil subsidiaria.

Montesinos acepta una condena de tres años y cuatro meses de cárcel, Sáenz de tres años y tres meses y Betancort de un año y medio de prisión

El modus operandi relatado por la Fiscalía y aceptado por los acusados consistía en que el interventor encargaba a las empresas de Montesinos, para las que trabajaba Betancort, que redactara pliegos de condiciones para llevar a cabo concursos de suministros para el Ayuntamiento, pero los concursos después no se hacían.

Todos los pliegos eran iguales y tan solo cambiaba el tipo de suministro y costaban entre 15.000 y 18.000 euros, el límite del contrato menor y de adjudicación directa. Las empresas de Montesinos cobraban y después el empresario pagaba a Sáenz. Casi todas las facturas se pagaron entre 2009 y 2010.

En 2011 Montesinos reclamó por la vía judicial el pago de varias facturas  no cobradas, ya que según ha declarado el ex interventor, el concejal de hacienda, José Miguel Rodríguez, ya fallecido pero que también llegó a confesar, sí reconocía todas las facturas pero el siguiente concejal se negó a reconocerlas.

Javier Betancort, otro de los acusados que ha confesado.

Juicio en dos sedes

El juicio se ha celebrado en dos sedes. El tribunal, dos de los acusados, Montesinos y Toledo, y sus abogados y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife se encontraban en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que en Arrecife han declarado Sáenz y Betancort y también se encontraba la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Acción Cívica contra la corrupción. Como tres de los acusados han aceptado los hechos, la vista se ha centrado en los hechos relacionados con la acusación hacia el abogado Federico Toledo.

Durante el juicio han declarado cinco testigos: Asenet Padrón y Francisco Javier López, ex secretarios accidentales de Arrecife, Manuel Fajardo Feo, ex alcalde, Nayra Callero, ex concejal y el secretario de San Bartolomé, José Manuel Fiestas. También se ha llegado a sentar para declarar la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, pero en el último instante el abogado de Toledo, que había pedido su declaración, ha renunciado a su testimonio.

La defensa de Toledo pretendía demostrar que en ambos ayuntamientos hubo facturas de esta misma empresa, de dudoso pago, que en un caso se abonaron y en otro no, pero en ninguno de los dos casos fue decisiva la actuación judicial, ya que en Arrecife se hizo un reconocimiento extrajudicial aprovechando el procedimiento extraordinario que inició en 2012 el Ministerio de Hacienda y en San Bartolomé fueron el secretario y la alcaldesa, Dolores Corujo, quienes plantearon al Ministerio que eran deudas no exigibles. De hecho, los tres acusados confesos de este procedimiento fueron también condenados por esas facturas.

“Por mucho que miro el escrito de acusación no aparece San Bartolomé por ningún lado”, ha dicho el presidente del tribunal, que ha instado al abogado de Toledo, Pepe González, a que retirara a Corujo como testigo porque no veía la relación con el presente caso.

La abogada de Acción Cívica, Irma Ferrer, ha preguntado a Fiestas quién era el abogado de San Bartolomé para ese caso, que era el propio Pepe González, y ha señalado que este abogado era socio de su defendido, Federico Toledo, que a su vez lo era de Javier Betancort y éste, a su vez, de Montesinos.

Acusador y testigo de la defensa

También se ha dado una circunstancia inusual. La defensa de Toledo ha solicitado que declarara como testigo el abogado de la acusación particular, Orlando Betancort. Le ha preguntado si Toledo se reunió con él cuando le designaron para la causa penal y ha dicho que éste le informó del estado de los dos procedimientos y que le instó a pedir la suspensión por prejudicialidad penal.

En el juicio se ha dado una circunstancia inusual: la defensa de un acusado a pedido que declarara como testigo el abogado de la acusación particular

En el turno de conclusiones, Betancort ha pedido como representante del Ayuntamiento de Arrecife la condena del abogado Federico Toledo por deslealtad profesional y ha afirmado  que Toledo se tenía que haber retirado de la defensa del Consistorio en 2012, cuando fue imputado en la causa y que a partir de entonces “comenzó a hacer la apariencia de una actuación correcta”.

Durante la instrucción de este caso hubo una polémica entre el fiscal Ignacio Stampa y el abogado de Arrecife, Orlando Betancort. Stampa llegó a comparar su actuación con la del PP en el caso Gürtel por su “pasividad y ambigüedad” y a dudar de si la acusación del Ayuntamiento se había convertido en la defensa del que entonces era su alcalde, José Montelongo, imputado en la causa.

Critica entonces el fiscal al abogado del Ayuntamiento porque no aportó “ni un solo documento que sirviera para esclarecer los hechos investigados”, por no haber iniciado “ningún procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas en vía administrativa ni de exigencia de responsabilidad disciplinaria o contable contra ningún funcionario o cargo” y porque tampoco había acudido “a muchas de las declaraciones judiciales practicadas tras su personación, y cuando lo ha hecho, no ha formulado preguntas”.