En una crisis sanitaria que ha dejado como secuela 500.000 puestos de trabajo perdidos, una previsión de bajada del PIB nacional de más de  9 puntos y una especial incidencia en el sector turístico y de ocio, preservar puestos de trabajo se antoja una tarea prioritaria. Imprescindible, si cabe.

Dejar desamparado a todo un sector, el del ocio nocturno, en una región en la que el ocio y el turismo suponen el 74,6 % de la actividad económica es poco menos que suicida.

Las demandas  de la Asociación Ocio Responsable, recientemente creada por un numeroso grupo de empresarios del ocio nocturno, no son otras que las que dicta la lógica. Es evidente que la inusual situación provocada por la pandemia exige de responsabilidad individual y social, además de la toma de medidas de protección para trabajadores y clientes, pero es igualmente evidente que hay que buscar una salida a los centenares de familias que dependen de estos negocios abiertos.

Los empresarios demandan la creación de una mesa de diálogo con las administraciones pertinentes para encontrar el punto de entendimiento en que salud y supervivencia económica no sean excluyentes. La exigencia de una salida para estos locales de ocio nocturnos, los únicos que por el momento no pueden ejercer su actividad y en una de las pocas regiones que no lo permiten, se justifica tanto en las decisiones tomadas en otros puntos del país como en el paulatino desbloqueo de otras actividades similares como el ocio diurno o la restauración.

Los empresarios ya se han apresurado a desinfectar los locales, adquirir geles, mascarillas y otros productos barrera para preservar la salud tanto de sus trabajadores como de los clientes.

La creación de la Asociación Ocio Responsable es una llamada de atención hacia unos gestores políticos que parecen olvidar, por una parte, que los empresarios y sus familias son tan vulnerables ante la covid-19 y sus consecuencias sanitarias como el resto de nosotros y, por otra, que minimizar el impacto de la pandemia sobre las economías locales es una tarea colectiva y estas pequeñas empresas con una media de 8,4 trabajadores por local son parte imprescindible.

¿Se han parado a pensar qué ocurrirá con los trabajadores y empresarios a partir del 1 de julio cuando la gran mayoría de las ayudas a autónomos y pymes queden en suspenso?

¿Han reflexionado sobre qué van a ofertar al turismo si un importante número de los locales de ocio se quedan en el camino?

La dependencia de la economía de las islas del sector terciario o de servicios es una realidad y, sin tener en cuenta los efectos de la pandemia, la competencia de otros destinos de sol y naturaleza es cada vez más feroz como para ir dando ventaja al adversario.

La reunión pautada para el primero de julio con la administración autonómica es un primer paso, que aunque llega tarde, todos deseamos que sea una demostración de la voluntad de llevar la negociación a buen puerto.